Gobernación de Tarija inicia gestiones en La Paz para reprogramar deudas y evitar quiebra técnica

La Gobernación de Tarija ha decidido intensificar sus esfuerzos para afrontar la delicada situación financiera que atraviesa, llevando a cabo una serie de reuniones en la ciudad de La Paz con autoridades nacionales y organismos internacionales. Estas gestiones, que comienzan este miércoles, tienen como propósito principal buscar la reprogramación de deudas, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y evitar que la institución departamental se vea abocada a una quiebra técnica.

Fernando Romero, secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, anunció que él y el vicegobernador se reunirán con el ministro de Planificación del Desarrollo a las 17:30 horas. Además, están en proceso de coordinar un encuentro con el ministro de Economía. A lo largo de su estancia en La Paz, también se prevé mantener diálogos con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y otras entidades relacionadas con la cooperación internacional.

La situación económica del departamento es crítica, ya que la carga de deuda que enfrenta es considerable. Romero destacó que el servicio programado para este año supera los 75 millones de bolivianos, y hasta ahora solo se ha logrado cancelar cerca del 38 por ciento de esta suma. Entre los principales acreedores se encuentra el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), al cual se le deben aproximadamente 35 millones de bolivianos. Sin embargo, entre julio y diciembre aún queda pendiente el pago de más de 23 millones.

Los próximos meses representan un desafío significativo para las finanzas tarijeñas, ya que las obligaciones más exigentes están concentradas en este periodo. En julio se prevén pagos cercanos a los 16 millones de bolivianos a entidades financieras tanto públicas como privadas; para agosto, las cuotas ascenderán a 9 millones; mientras que en septiembre y octubre deberán desembolsarse más de 6 millones.

Ante esta realidad apremiante, la Gobernación planteará al Gobierno nacional la posibilidad de reprogramar o diferir estos pagos. La intención es facilitar una distribución más manejable mediante cuotas mensuales que eviten concentraciones durante periodos críticos en términos financieros.

Romero explicó que la liquidez mensual promedio es de alrededor de 25 millones de bolivianos, provenientes principalmente de regalías hidrocarburíferas e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Por ello, es esencial una gestión cuidadosa tanto de los pasivos como la búsqueda activa de mecanismos que permitan aliviar esta carga financiera.

Además, las gestiones no solo estarán centradas en reprogramar las obligaciones existentes; también se buscará cooperación financiera destinada a impulsar proyectos cruciales para el desarrollo del departamento. En este sentido, se está preparando una carpeta que incluirá iniciativas relacionadas con infraestructura vial, fortalecimiento del sistema sanitario y desarrollo productivo. Esta propuesta será presentada a organismos cooperantes en las próximas semanas.

La propuesta de pacto fiscal impulsada por la Gobernación contempla una serie integral de medidas que no solo abarcan austeridad y administración eficiente de pasivos, sino también la identificación y promoción de nuevas fuentes financieras que aseguren continuidad en inversiones y servicios públicos para los ciudadanos.

Por otro lado, Romero subrayó que aún persisten temas pendientes relacionados con conciliaciones financieras entre la Asamblea Legislativa Departamental, los municipios y el Gobierno nacional. Estos aspectos son igualmente parte fundamental en la estrategia diseñada para estabilizar las finanzas públicas del departamento.

La comisión departamental permanecerá entre dos y tres días en La Paz desarrollando esta agenda crucial. Desde la Gobernación consideran que estas reuniones serán determinantes para encontrar alternativas efectivas ante la crisis económica actual y garantizar recursos necesarios para ejecutar proyectos beneficiosos para Tarija.