Las federaciones del transporte libre y federado de Bolivia rechazaron la posibilidad de nacionalizar vehículos indocumentados, conocidos como “autos
Las federaciones del transporte libre y federado de Bolivia rechazaron la posibilidad de nacionalizar vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”, una propuesta que fue planteada mediante un proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios y que además recibió el respaldo del presidente Rodrigo Paz.
De acuerdo con el mandatario, esta iniciativa podría representar ingresos adicionales para los municipios. En una reunión con la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Paz pidió a los alcaldes analizar la posibilidad de regularizar estos motorizados para que, una vez legalizados, generen recursos a través del pago de impuestos municipales.
Pese a ese planteamiento, la propuesta generó un fuerte rechazo en el sector del transporte. Luis Caso, ejecutivo de la Federación del Transporte Libre de Tarija, afirmó que los transportistas no apoyan ningún proceso de legalización durante esta gestión, debido a los efectos que, según sostuvo, podría tener sobre el transporte público, el valor de los vehículos registrados legalmente y el consumo de carburantes, un problema que ya complica al Gobierno.
El dirigente explicó que una regularización de este tipo abriría la puerta al ingreso de miles de motorizados al mercado formal, lo que a su juicio provocaría una sobreoferta de vehículos y afectaría el precio comercial de aquellos que fueron importados y registrados cumpliendo con las obligaciones tributarias.
A esa postura se sumó Gabriel Pérez, ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril de Tarija, quien advirtió que la incorporación de más vehículos podría aumentar la presión sobre el abastecimiento de gasolina y diésel, en un contexto en el que el país ya enfrenta dificultades con la provisión de carburantes.
El sector también expresó su preocupación por la posibilidad de que los vehículos regularizados terminen integrándose al transporte público, lo que incrementaría la competencia y agravaría la congestión vehicular en las principales ciudades del país.
En la misma línea, el diputado por Tarija de Alianza Unidad, Richard López, manifestó su rechazo a la propuesta y aseguró que la iniciativa generó preocupación entre los sectores del transporte libre, federado y privado.
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) también cuestionó la idea de legalizar estos motorizados y advirtió que una medida de ese tipo generaría una competencia desigual para las empresas que importan vehículos de manera formal, debido a que los indocumentados ingresaron al país sin asumir los mismos costos tributarios y administrativos.
Desde esa entidad estiman que en Bolivia existen alrededor de 1,5 millones de vehículos indocumentados. La cifra, aclararon, corresponde a una estimación del sector y no a un registro oficial.
El presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, criticó que se impulsen mecanismos de regularización que, según dijo, terminarían favoreciendo a quienes ingresaron vehículos al margen de la normativa y perjudicando al sector formal.
Mientras tanto, el proyecto de ley continúa su avance en la Asamblea. El diputado Armin Lluta, uno de los proyectistas, informó que la iniciativa ingresará a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados para su tratamiento. Señaló además que el texto fue modificado a partir de observaciones de distintos sectores y que contempla restricciones para evitar que los vehículos regularizados puedan incorporarse de inmediato al transporte público.
Según la propuesta, los motorizados legalizados no podrían prestar servicio de transporte público durante los primeros tres años. Además, se prevén mecanismos de control para impedir que vehículos robados sean incluidos en el proceso de regularización.
En paralelo, la Aduana Nacional mantiene su advertencia sobre la competencia de los municipios en materia aduanera, por lo que considera necesario un marco legal nacional.
Así, el debate quedó planteado entre dos visiones opuestas: por un lado, el Gobierno y algunos sectores municipales que ven en la regularización una posibilidad de generar ingresos; por otro, los transportistas e importadores formales que alertan sobre los efectos negativos que podría traer la medida.
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