El diputado tarijeño José Luis Porcel ha señalado que el futuro del proyecto de ley destinado a la anulación de la Ley 767, que establece el Fondo de
El diputado tarijeño José Luis Porcel ha señalado que el futuro del proyecto de ley destinado a la anulación de la Ley 767, que establece el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), dependerá de la voluntad política del Gobierno nacional. Este proyecto, que busca no solo revocar la norma vigente, sino también garantizar la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que ha sido retenido, ya se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La Ley 767 fue promulgada en 2015 y ha generado controversia desde su implementación. Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se realizó una devolución parcial de estos fondos en 2020 como respuesta a las dificultades económicas provocadas por la pandemia de Covid-19, lo que resultó en un desembolso aproximado de 200 millones de bolivianos. Sin embargo, desde entonces, la retención del 12% del IDH ha continuado bajo la administración del presidente Luis Arce, acumulando un total estimado de más de 96 millones de bolivianos entre 2016 y 2025.
Porcel presentó este nuevo proyecto el 10 de marzo de este año con el objetivo claro de abrogar la Ley 767. En declaraciones a PLUS TLT, enfatizó que el tratamiento del mismo en las cámaras legislativas dependerá exclusivamente de las instrucciones que reciba el presidente del Estado. Si él instruye a las cámaras que se inicie este trámite, lo vamos a hacer, afirmó Porcel, quien subrayó que los beneficios no solo impactarían a Tarija, sino también a otras regiones productoras de hidrocarburos que requieren estos recursos para enfrentar sus propias crisis financieras.
El respaldo por parte de otras bancadas es visto como un factor positivo por el diputado tarijeño, quien confía en que otros departamentos también estén interesados en recuperar esos fondos necesarios para su funcionamiento. La propuesta ha encontrado eco incluso entre autoridades locales; el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, mencionó recientemente durante un encuentro con autoridades electas en Cochabamba que estos recursos podrían ser vitales para cumplir con los compromisos financieros establecidos por las alcaldías y universidades estatales.
Adrián Vega, vocero de la Alcaldía tarijeña, enfatizó la urgencia de frenar esta retención mensual del IDH. Desde hace diez años nos retienen sagradamente el 12% del IDH; esto tiene que devolverse para ser invertido en salud y educación, declaró Vega. La Alcaldía está trabajando en socializar esta propuesta con otras municipalidades del país con la esperanza de abrir un espacio para su análisis y concertación.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial por parte del Gobierno sobre este tema específico. Aunque recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, anunció un adelanto en los desembolsos correspondientes al IDH y regalías departamentales para fortalecer la liquidez financiera de gobernaciones y municipios, persiste la preocupación sobre la retención continua de estos recursos.
Por otro lado, es relevante mencionar que según lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 767, los fondos destinados al FPIEEH deberían ser depositados automáticamente en una cuenta habilitada en el Banco Central de Bolivia. Se estima que hasta finales de 2024 estos recursos podrían superar los 400 millones de dólares; sin embargo, hay inquietudes desde las regiones sobre si estos fondos han sido utilizados adecuadamente o si han sido desviados hacia otros fines. La situación sigue siendo objeto de debate y análisis entre las autoridades locales y nacionales.
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