Las instituciones de Tarija han alzado la voz en un llamado urgente al Gobierno nacional, demandando asistencia económica ante la crítica situación qu
Las instituciones de Tarija han alzado la voz en un llamado urgente al Gobierno nacional, demandando asistencia económica ante la crítica situación que enfrenta la región. La crisis económica ha llevado a la Gobernación y a los municipios tarijeños a una encrucijada, donde se hace evidente que los recursos disponibles son insuficientes para satisfacer las crecientes necesidades de la población.
La Gobernación de Tarija se encuentra en una situación financiera delicada, buscando reprogramar obligaciones que ascienden a millones de bolivianos para evitar un colapso de liquidez. A su vez, los gobiernos municipales presionan por la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que ha sido retenido por la Ley 767. Ambas instancias coinciden en que el panorama financiero es sombrío, y que las limitaciones económicas están afectando gravemente su capacidad para responder a las demandas ciudadanas.
La reducción constante de ingresos provenientes del sector hidrocarburífero, junto con el aumento de costos operativos y la crisis económica nacional, han colocado a las entidades subnacionales en una posición comprometida. En este contexto, tanto las autoridades departamentales como municipales están haciendo esfuerzos para conseguir recursos adicionales que les permitan cerrar el año fiscal sin mayores contratiempos.
Fernando Romero, secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, ha confirmado que se enviará una comisión a La Paz con el fin de reunirse con representantes del Ministerio de Planificación y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El objetivo principal es renegociar las obligaciones financieras que amenazan con agravar aún más la situación económica del departamento. La preocupación se centra especialmente en el mes de julio, cuando la Gobernación debe desembolsar cerca de 17 millones de bolivianos para cumplir con compromisos crediticios. Esta cifra resulta alarmante considerando que actualmente los ingresos mensuales por regalías hidrocarburíferas rondan los 25 millones de bolivianos, lo cual representa una drástica disminución en comparación con años anteriores.
Romero enfatizó que no se trata de evadir responsabilidades financieras, sino más bien de buscar un acuerdo que permita extender los plazos para el pago de estas obligaciones y así aliviar la presión sobre las finanzas departamentales. Además, se estima que la Gobernación arrastra una deuda cercana a los 800 millones de bolivianos, lo cual limita severamente su capacidad para invertir en proyectos y atender adecuadamente las demandas sociales.
La crítica situación financiera también ha reactivado el debate sobre el pacto fiscal en Bolivia. Diversos sectores políticos y económicos han vuelto a plantear la necesidad urgente de discutir cómo se distribuyen los recursos entre el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios. Para Romero, la caída en los ingresos derivados del sector hidrocarburos subraya la necesidad imperante de establecer un nuevo modelo financiero regional que permita a los gobiernos subnacionales contar con herramientas más efectivas para cumplir con sus competencias.
Por su parte, los gobiernos municipales enfrentan desafíos similares. La alcaldesa del municipio El Puente, Sara Armella, ha señalado que tanto los conflictos sociales como la crisis económica han impactado negativamente en la gestión municipal. Para hacer frente a esta realidad apremiante, han implementado medidas austeras y buscan generar ingresos propios mediante iniciativas como facilitar la transferencia de vehículos o alquilar maquinaria.
El presupuesto aprobado inicialmente alcanzaba los 17 millones de bolivianos; sin embargo, el aumento en costos relacionados con combustibles y salarios ha reducido drásticamente su capacidad para invertir. Armella advirtió que si las condiciones económicas no mejoran rápidamente, es probable que los recursos municipales se agoten antes del mes de octubre.
En este contexto crítico, los municipios tarijeños han unido esfuerzos a través de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) para exigir al Gobierno nacional la devolución del 12% del IDH retenido. Las autoridades locales creen firmemente que estos fondos son cruciales para fortalecer sus finanzas y garantizar la continuidad de obras y servicios esenciales hasta finales del año.
Armella también recordó que hay una propuesta legislativa en discusión en la Cámara de Diputados relacionada con esta devolución y expresó su esperanza por una pronta aprobación. Para los gobiernos municipales, recuperar estos recursos no solo facilitaría cubrir gastos corrientes sino también atender proyectos productivos e infraestructura vital.
A medida que tanto gobernación como municipios navegan por estas aguas turbulentas, se hace evidente que comparten un desafío común: enfrentar un entorno económico adverso mientras intentan cumplir con sus responsabilidades financieras. Mientras el nivel departamental busca reprogramar sus obligaciones y obtener mayor apoyo estatal, los municipios centran sus esfuerzos en recuperar recursos considerados legítimos. Sin embargo, cualquier avance hacia una solución parece estar estancado debido a los conflictos sociales persistentes en el país durante más de 40 días.
COMMENTS