En la noche del jueves, la Cámara de Senadores dio un paso significativo en la tramitación de un proyecto de ley que busca regular los estados de exce
En la noche del jueves, la Cámara de Senadores dio un paso significativo en la tramitación de un proyecto de ley que busca regular los estados de excepción en el país. Esta decisión se produce en un contexto marcado por 35 días de intensas movilizaciones contra el Gobierno, que han generado un clima de tensión y protestas en varias regiones, especialmente en La Paz y Cochabamba. El proyecto, que ahora se enviará a la Cámara de Diputados para su revisión, incluye un artículo que establece que el Ministerio Público actuará de manera continua, colaborando con las fuerzas del orden ante la posible comisión de delitos relacionados con el orden público.
El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó que se ha concluido el proceso en la Cámara Alta y destacó la importancia de remitir la ley a los diputados para su tratamiento. Este avance legislativo no solo refleja una respuesta institucional a las demandas sociales, sino también una estrategia del Gobierno para manejar la situación actual y prevenir potenciales desbordes en el contexto de las manifestaciones.
La discusión sobre esta normativa se torna especialmente relevante dado el escenario de protestas que ha afectado a diversas regiones del país. Durante la sesión, que se desarrolló bajo un formato híbrido con 31 senadores participando —15 de manera presencial y 18 a través de plataformas virtuales—, se abordaron los detalles del proyecto. Antes de su aprobación en el Senado, la norma ya había recibido luz verde en la Comisión de Constitución. En esta instancia, los ministros claves como Ernesto Justiniano (Defensa), Marco Oviedo (Gobierno) y José Luis Lupo (Presidencia) expusieron los fundamentos y alcances del proyecto normativo ante los miembros de dicha comisión, solicitando su respaldo.
La situación es vigilada de cerca por actores internacionales, incluidos Estados Unidos, que ha expresado su preocupación por el narcoterrorismo en la región y ha instado a las autoridades bolivianas a evitar que este fenómeno vuelva a imponerse. En este contexto, las decisiones legislativas adquieren una dimensión crítica no solo para la gobernanza interna sino también para la estabilidad regional. La espera ahora recae sobre la Cámara de Diputados, donde se evaluará si esta propuesta será aprobada o si enfrentará modificaciones adicionales antes de convertirse en ley.
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