La reciente decisión del presidente Rodrigo Paz y su gabinete de reducir en un 50% sus salarios ha generado un amplio debate en Tarija, especialmente
La reciente decisión del presidente Rodrigo Paz y su gabinete de reducir en un 50% sus salarios ha generado un amplio debate en Tarija, especialmente entre organizaciones que representan a pacientes con cáncer. Esta medida, enmarcada en el Decreto Supremo N° 5628, busca destinar los recursos recaudados a programas de salud, pero la falta de claridad sobre a qué programas se aplicarán y cómo se distribuirán esos fondos ha suscitado inquietudes.
La norma establece que los aportes solidarios serán administrados por el Ministerio de Salud y Deportes a través de una cuenta especial denominada “Aporte Voluntario Solidario”. Sin embargo, no detalla los beneficiarios directos ni los mecanismos de distribución, lo que deja abiertas las posibilidades de interpretación y genera desconfianza entre quienes padecen enfermedades crónicas.
Judit Requelme, presidenta de la Asociación de Enfermos con Cáncer de Tarija, ha sido clara en su solicitud al mandatario: el dinero recaudado debería destinarse prioritariamente a pacientes oncológicos y aquellos con enfermedades renales. Requelme enfatiza que estos grupos enfrentan serias dificultades para acceder a tratamientos adecuados, medicamentos y atención oportuna. Además, ha solicitado la creación de un albergue exclusivo para pacientes tarijeños en La Paz, ya que muchos deben viajar periódicamente para recibir tratamientos esenciales como radioterapias. La saturación del albergue actual obliga a muchas familias a buscar hospedaje privado, lo que incrementa su carga financiera.
Por su parte, Sonia Figueroa, representante de la Fundación Luz de Esperanza, que trabaja con niños diagnosticados con cáncer en Tarija, reconoce algunos avances en la atención pediátrica oncológica desde la llegada de un especialista hace seis años al Hospital Regional San Juan de Dios. No obstante, Figueroa señala que aún persisten deficiencias significativas en la cobertura sanitaria. Si bien la Ley del Cáncer garantiza tratamiento gratuito para menores, la realidad es muy diferente: el sistema cubre solo alrededor del 90% de las necesidades médicas, dejando vacíos que obligan a las familias y organizaciones solidarias a asumir costos adicionales.
Las carencias se hacen evidentes no solo en medicamentos sino también en estudios diagnósticos necesarios para el seguimiento del tratamiento. Muchos análisis deben realizarse fuera del departamento y sus costos pueden ser prohibitivos. Por ejemplo, pruebas básicas pueden costar hasta 500 bolivianos y análisis más complejos superan los 2.800 bolivianos. En casos críticos como los trasplantes de médula ósea, los estudios previos pueden ascender hasta 6.000 bolivianos. A pesar de gestiones sociales para obtener descuentos, las familias aún enfrentan gastos cercanos a 4.000 bolivianos.
Los gastos extraordinarios aumentan cuando un paciente requiere terapia intensiva; algunos medicamentos especializados pueden costar más de 14.000 bolivianos al mes. Figueroa menciona que hay fármacos cuyo precio por dosis puede alcanzar los 800 bolivianos y no están disponibles en el hospital público.
Ante esta situación crítica, tanto pacientes como organizaciones han expresado su deseo de que los fondos provenientes del aporte solidario sean utilizados directamente en hospitales públicos. Esto permitiría una adquisición inmediata de insumos médicos esenciales sin intermediarios que podrían diluir el impacto real del apoyo financiero.
El Decreto Supremo N° 5628 establece que los fondos recaudados serán canalizados hacia programas ejecutados por el Ministerio de Salud y Deportes; sin embargo, carece de especificaciones sobre qué programas serán beneficiados o cómo se implementarán concretamente las ayudas. El artículo único del decreto menciona que estos recursos se depositarán en una cuenta dentro de la Cuenta Única del Tesoro y serán auditables públicamente.
En este contexto, la incertidumbre persiste entre quienes dependen del sistema sanitario para su tratamiento diario. Las organizaciones piden una mayor transparencia y agilidad en la utilización de estos recursos destinados a mejorar la atención médica para quienes más lo necesitan.
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