Tras 39 días de conflicto, Santistevan insta a usar Ley de Estados de Excepción para enfrentar grupos armados en el Chapare

En el contexto del día 39 del conflicto en Bolivia, el exmilitar en servicio pasivo Jorge Santistevan ha expresado su preocupación por la situación que enfrenta el Gobierno, a la que ha calificado como “narco-subversión”. Esta declaración se produce tras la reciente promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que otorga al Ejecutivo herramientas adicionales para manejar situaciones de crisis.

Santistevan argumenta que los disturbios y episodios de violencia ocurridos en semanas recientes, en particular los incidentes en San Julián, revelan una dinámica diferente a la de una movilización social tradicional. Según él, lo que se observa actualmente es un fenómeno más complejo y peligroso. “Hoy estamos viviendo claramente, después del hecho de San Julián, que hay una narco-subversión; ni siquiera es narcoterrorismo, es narco-subversión”, afirmó. En su análisis, esta subversión se manifiesta a través de grupos armados que buscan desafiar la autoridad del presidente y que están financiados por el narcotráfico.

En su diagnóstico sobre el origen de estas movilizaciones, Santistevan dirigió su mirada hacia el Chapare, un área que considera fundamental para entender las operaciones detrás de las protestas. “Estamos hablando del centro de operaciones, que es el Chapare. Y en el Chapare el que manda, el que dirige y organiza y controla ese territorio es Evo Morales”, enfatizó, aludiendo directamente a figuras políticas que considera responsables de instigar los bloqueos y desórdenes.

Santistevan también hizo hincapié en la necesidad de una respuesta estatal más robusta frente a lo que él describe como grupos armados y organizados. Aseguró que la Policía no cuenta con los recursos ni la capacidad para hacer frente a esta situación por sí sola. Por ello, propuso una colaboración inmediata entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales para llevar a cabo una operación conjunta en el Chapare. Esta intervención debería realizarse sin dilaciones y aprovechando las facultades otorgadas por el régimen de excepción.

El debate sobre cómo manejar estas tensiones se intensifica con la promulgación de la nueva ley, mientras diversos sectores sociales continúan manifestándose y organizándose en respuesta a las acciones del Gobierno. La situación sigue siendo tensa y los actores involucrados parecen estar cada vez más polarizados en sus posiciones.