La falta de presupuesto está obligando a la Gobernación de Tarija, al municipio de Cercado y a otras alcaldías del departamento a cambiar la forma en
La falta de presupuesto está obligando a la Gobernación de Tarija, al municipio de Cercado y a otras alcaldías del departamento a cambiar la forma en que abastecen de combustible a sus vehículos y maquinaria pesada. En lugar de comprar diésel de manera directa a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) bajo el precio de 18 bolivianos por litro que establece el Decreto Supremo 5676 para grandes consumidores, las instituciones optaron por hacer filas en estaciones de servicio y adquirir el carburante a 9,80 bolivianos.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, explicó que se instruyó a todas las unidades descentralizadas que manejan equipos pesados y motorizados de uso oficial a abastecerse en surtidores, debido a que la institución no cuenta con recursos suficientes para asumir la compra directa a YPFB. La decisión, según señaló, responde a la imposibilidad de comprometer más fondos en un contexto en el que el presupuesto ya está ajustado.
Torres, en su calidad de presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, advirtió que varios gobiernos autónomos municipales y gobernaciones del país se encuentran en emergencia por la misma razón. Afirmó que el pago de 18 bolivianos por litro pone en riesgo el Plan Operativo Anual, que ya fue afectado por la reducción de recursos disponibles.
La misma preocupación fue expuesta por el alcalde de Yunchará, Pascual Díaz, quien confirmó que los municipios rurales decidieron frenar el funcionamiento de palas cargadoras, volquetas, maquinaria pesada y tractores que venían apoyando el mantenimiento de caminos y la producción agrícola local. La medida, dijo, se tomó porque no existe la posibilidad de comprar el combustible necesario para mantener operativos esos equipos.
Desde la Gobernación, el secretario de Economía y Finanzas Públicas, Fernando Romero, informó que se anticiparon a este escenario mediante contratos y convenios con estaciones de servicio de la capital. De esa manera, la administración central podrá adquirir diésel a 9,80 bolivianos para sus motorizados hasta concluir la gestión 2026.
El impacto de esta situación también se siente en el movimiento campesino, que expresó su molestia por la reducción del apoyo que recibía de las instituciones para las labores de siembra y cosecha. Los productores exigen la abrogación del Decreto Supremo 5676 y cuestionan además que la norma limite la compra de diésel a 120 litros al mes, una cantidad que consideran insuficiente para sostener la actividad agrícola.
Pese a la presión de distintos sectores productivos, a los plazos y a las amenazas de bloqueos, el Gobierno nacional descartó dejar sin efecto la norma. El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, ratificó que el Ejecutivo mantendrá su decisión, aunque abrió la posibilidad de introducir ajustes para “mejorar” el decreto.
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