Las finanzas de las entidades subnacionales se enfrentan a un panorama desafiador, marcado por una persistente disminución en la producción de gas nat
Las finanzas de las entidades subnacionales se enfrentan a un panorama desafiador, marcado por una persistente disminución en la producción de gas natural que impacta directamente en sus ingresos. Esta situación contrasta con un modesto incremento en la coparticipación tributaria, lo que dibuja un escenario complejo para la planificación presupuestaria de los gobiernos locales y regionales.
Para la gestión 2026, las proyecciones económicas anticipan una reducción del 16.6% en los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esta contracción se traduce en una merma de 307 millones de bolivianos destinados a los municipios del país, afectando igualmente a las gobernaciones y universidades públicas que dependen de esta fuente de ingresos.
En contrapartida, la coparticipación tributaria experimentará un ligero aumento del 6.3%, lo que representa un adicional de 558 millones de bolivianos. Este monto se distribuirá entre los 335 gobiernos municipales y las ocho entidades territoriales indígenas originario-campesinas. Sin embargo, este incremento es considerado insuficiente para compensar la significativa caída en los ingresos por hidrocarburos.
Representantes de los gobiernos municipales han instado a las entidades territoriales autónomas a ajustar sus Planes Operativos Anuales y presupuestos para 2026, estableciendo como fecha límite el 8 de septiembre de 2025. La necesidad de operar con márgenes cada vez más ajustados genera inquietud sobre la capacidad de atender las crecientes demandas de la población. Se ha señalado que la aplicación de los nuevos porcentajes de distribución tras el Censo 2024 aún requiere clarificación por parte de las autoridades económicas.
La situación se agrava en regiones específicas. En el departamento de Tarija, por ejemplo, ocho de sus municipios verán reducidos sus factores de coparticipación, mientras que solo tres experimentarán un leve incremento. La principal universidad pública de la región también enfrentará recortes en sus asignaciones.
Un análisis detallado revela la inviabilidad de numerosos municipios de menor tamaño. Aproximadamente el 20% de los gobiernos municipales e indígenas atienden a poblaciones inferiores a 10,000 habitantes, algunos con apenas 2,000. Con presupuestos tan limitados, sostener una estructura municipal funcional se vuelve una tarea casi imposible, lo que impulsa la consideración de mecanismos de mancomunidad o asociación intermunicipal para optimizar recursos y servicios. Las previsiones para 2026 sugieren una contracción aún más drástica en los recursos para la región de Tarija, con estimaciones que apuntan a una caída a cifras marginales.
La raíz del problema no reside en la redistribución de los recursos, sino en la fuente misma: la producción de gas. Entre junio de 2024 y junio de 2025, la producción nacional de gas experimentó una caída del 14%. En una perspectiva más amplia, la producción de gas natural se ha reducido en más del 50% durante la última década.
La situación en Tarija sirve como un claro ejemplo de esta tendencia. Los ingresos por IDH para el gobierno departamental, que en 2014 alcanzaban los 316 millones de bolivianos, se desplomaron a 71 millones en 2024, lo que representa una drástica disminución del 77%. Para el conjunto de sus once municipios, la recaudación por este concepto en 2024 fue de 268 millones de bolivianos, mientras que la universidad pública percibió 25 millones. En total, el departamento captó apenas 365 millones, una cifra muy distante de la bonanza experimentada hace una década. Las proyecciones a julio de 2025 indican una caída del 39% respecto al mismo mes del año anterior, reflejando una continuidad en el declive.
El aumento en la coparticipación tributaria, si bien ofrece un pequeño alivio, no logra compensar la magnitud de las pérdidas en el sector de hidrocarburos. La economía formal no está generando los recursos suficientes para garantizar un flujo sostenido de ingresos, evidenciando un problema estructural de dependencia de la renta petrolera. Esta situación compromete gravemente el cumplimiento de políticas sociales, la inversión pública y el funcionamiento normal de instituciones vitales como las universidades.
Un factor adicional de preocupación es la inminente finalización del contrato de venta de gas a Brasil en 2026, en caso de no mediar una renegociación. Este evento podría acarrear una disminución significativa en la entrada de divisas y en los ingresos fiscales que se distribuyen como regalías, afectando de manera desproporcionada a los departamentos productores y profundizando su dependencia de una renta en declive. Ante este panorama, se insta a las entidades públicas a considerar con extremo rigor el comportamiento económico para la siguiente gestión, ajustando sus presupuestos a la realidad de los ingresos esperados
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