La crisis en la provisión de alimentos en la cárcel de Palmasola y otros centros penitenciarios del departamento de Santa Cruz ha alcanzado un punto c
La crisis en la provisión de alimentos en la cárcel de Palmasola y otros centros penitenciarios del departamento de Santa Cruz ha alcanzado un punto crítico. Este miércoles, el concesionario encargado de la alimentación, Wilman Montaño, anunció la suspensión de la entrega regular de almuerzos y cenas debido a una deuda acumulada por parte de la Gobernación cruceña que se extiende por tres meses. Esta situación ha generado una gran inquietud tanto entre los internos como entre sus familiares.
Montaño explicó que la falta de desembolsos por concepto de prediarios ha hecho imposible continuar con la preparación diaria de las comidas para los privados de libertad. “A partir de hoy (miércoles) ya no van a recibir almuerzo ni cena mientras no se hagan los pagos correspondientes”, declaró, enfatizando que esta medida es una consecuencia directa del incumplimiento financiero por parte del gobierno local.
La deuda acumulada se discutió en una reunión reciente con autoridades, quienes se comprometieron a realizar un desembolso mínimo equivalente al 0,02% del total adeudado como medida temporal. Sin embargo, este monto ha resultado ser insuficiente para garantizar la continuidad del servicio alimentario, lo que agrava aún más la situación.
El impacto no se limita únicamente a Palmasola; otros recintos penitenciarios como el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom) y las carceletas del Norte Integrado enfrentan un panorama igualmente desolador. Montaño destacó que en estos lugares, los internos dependen del traslado de víveres desde la capital cruceña, lo que complica aún más la logística alimentaria. “Allá tienen que esperar que llegue el camión con alimentos para recién comenzar a cocinar”, comentó.
Ante esta crisis, existe una leve esperanza en Palmasola: si se realiza un pago inminente en las próximas horas, podría reanudarse parcialmente el servicio alimentario. Esto permitiría adquirir insumos en mercados locales para satisfacer las necesidades inmediatas. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo una constante en este contexto.
El concesionario también advirtió sobre las posibles consecuencias del desabastecimiento alimentario dentro de los recintos penitenciarios. “Los internos están acostumbrados a sus horarios de comida. Al no recibirla, van a comenzar a pronunciarse y a motinarse”, advirtió Montaño, reflejando así el delicado equilibrio que existe entre el bienestar básico y el control dentro del sistema penitenciario.
Esta crisis pone al descubierto una problemática más amplia en el sistema carcelario boliviano, donde los derechos fundamentales de los internos, como el acceso a alimentos adecuados y suficientes, deben ser garantizados incluso en condiciones de privación de libertad. Hasta ahora, las autoridades departamentales no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre cómo resolver esta situación crítica. La preocupación crece entre los familiares y defensores de derechos humanos ante la posibilidad de conflictos si no se regulariza el servicio alimentario en el corto plazo.
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