El reciente avance en la Cámara de Senadores con respecto a la aprobación de un proyecto de ley que busca abrogar la Ley 767 ha generado un amplio deb
El reciente avance en la Cámara de Senadores con respecto a la aprobación de un proyecto de ley que busca abrogar la Ley 767 ha generado un amplio debate en el ámbito político y social del país. Este proyecto tiene como objetivo principal devolver parte de los recursos que han sido retenidos por esta legislación, la cual estableció el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH). La propuesta contempla una inyección de 164 millones de bolivianos a las gobernaciones, una medida que busca aliviar las dificultades financieras que enfrentan estas entidades debido a la caída en los ingresos por regalías hidrocarburíferas e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
No obstante, este alivio financiero ha suscitado el descontento entre los gobiernos municipales, que argumentan que la normativa beneficia exclusivamente a las gobernaciones y deja de lado sus necesidades urgentes. Los municipios, al igual que las universidades públicas, también han visto perjudicados sus presupuestos como consecuencia de las retenciones del IDH en los últimos años. Durante el debate legislativo, surgieron preocupaciones sobre esta exclusión, ya que se considera que todos los sectores afectados deberían recibir apoyo financiero.
El senador César Mentasti, representante de Tarija, ha manifestado su inquietud ante la falta de avance en la Cámara de Diputados respecto a la abrogación definitiva de la Ley 767. Aunque el Senado ya aprobó este cambio normativo, su consideración en Diputados sigue pendiente. Mentasti argumenta que la devolución temporal propuesta para 2025 es solo una solución momentánea frente a una demanda más amplia: la recuperación permanente de los recursos retenidos durante años. Además, señala que las críticas provenientes de alcaldes y universidades son completamente válidas, dado que todos los beneficiarios del IDH han sufrido las consecuencias del descuento del 12% establecido por esta ley.
La voz del alcalde tarijeño Johnny Torres resuena con fuerza en este debate. Torres ha criticado abiertamente el enfoque del proyecto actual, el cual prioriza a las gobernaciones sin incluir a municipios ni universidades. Según su perspectiva, estos recursos serían vitales para enfrentar la crisis económica actual y permitirían sostener programas esenciales y cubrir costos operativos. En su estimación, Tarija podría recibir alrededor de 55 millones de bolivianos, lo cual sería crucial para afrontar los desafíos económicos derivados del aumento en precios y salarios.
La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) también se ha sumado a este reclamo colectivo. Los alcaldes están organizando una posición conjunta para solicitar modificaciones al proyecto antes de su aprobación final en Diputados. Argumentan que todos los niveles subnacionales están sufriendo por igual debido a la crisis financiera y que es fundamental garantizar una distribución equitativa de los recursos.
En este contexto, el tratamiento del proyecto en la Cámara Baja se ha convertido en un tema central para las regiones afectadas. La decisión legislativa no solo determinará el destino inmediato de los 164 millones de bolivianos acumulados en el fondo creado por la Ley 767, sino que también definirá si se logrará un alivio económico más amplio que incluya a municipios y universidades.
Por último, es importante destacar que esta discusión no solo afecta a las entidades locales; también impacta directamente en la Gobernación, que enfrenta sus propios retos financieros. Al margen del proceso legislativo sobre la devolución del IDH, se están planteando exigencias al gobierno central para establecer un plan claro sobre la deuda acumulada con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y otros compromisos establecidos por ley. En medio de estas complejidades económicas, tanto gobernaciones como municipios se encuentran en una situación crítica donde cada decisión legislativa puede determinar su capacidad para operar efectivamente hasta fin de año.
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