Persisten bloqueos en cinco regiones de Bolivia, con al menos 16 muertos y pérdidas millonarias

Este miércoles, un grupo de decenas de productores lecheros de Cochabamba, en el centro de Bolivia, llevó a cabo una intensa protesta al irrumpir en el Aeropuerto Jorge Wilstermann. La acción se enmarca dentro de una serie de movilizaciones que han surgido en respuesta a los bloqueos de carreteras implementados por diferentes sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las imágenes difundidas por medios locales muestran cómo los manifestantes, principalmente pequeños productores lácteos y ganaderos, lograron superar las barreras de seguridad y se concentraron en la entrada principal del aeropuerto, que estaba custodiada por un contingente de policías antidisturbios. A pesar de la tensión, no se registraron incidentes violentos.

Los productores protestaban con pancartas que exigían Libre transitabilidad y Soluciones a los bloqueos, así como un llamado al presidente para que declare un estado de sitio. Este último pedido surge del impacto económico que están sufriendo los agricultores debido a la imposibilidad de distribuir sus productos hacia otras regiones como consecuencia de los cortes en las rutas.

Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo en el departamento de La Paz, impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz y grupos afines al expresidente Evo Morales. Desde entonces, se han expandido a otras áreas, incluida Cochabamba. Aunque esta semana se ha reducido el número de bloqueos en comparación con días anteriores, aún persisten alrededor de 50 puntos cerrados en cinco de las nueve regiones del país, con la mayor concentración en La Paz, Cochabamba y Oruro. Según datos proporcionados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), esta situación ha generado un desabastecimiento crítico en varias ciudades, afectando la disponibilidad de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Hasta ahora, se han reportado al menos 16 fallecimientos relacionados con la falta de atención médica oportuna debido a estos bloqueos, además de pérdidas económicas que alcanzan los 2.760 millones de dólares.

En medio del conflicto social, este miércoles está programado un diálogo entre el gobierno y los dirigentes de la COB. En días previos, estos últimos presentaron un documento con demandas orientadas a pacificar el país, donde se incluye la solicitud para que no haya sanciones contra aquellos sectores que están promoviendo las manifestaciones y el cumplimiento de las promesas electorales hechas por el Ejecutivo.

Por su parte, los campesinos provenientes de La Paz han condicionado su participación en el diálogo al cumplimiento de cinco puntos clave. Estos incluyen una amnistía presidencial y la restitución de garantías para aquellos enfrentando procesos penales relacionados con las protestas. Además, exigen modificaciones o anulación a ciertos decretos y leyes recientes.

Mientras tanto, los seguidores del expresidente Morales han manifestado su negativa a entablar conversaciones y han amenazado con radicalizar sus protestas hasta conseguir la dimisión del presidente Paz. En respuesta a esta situación compleja, el mandatario ha recordado que tanto la Constitución como una ley reciente sobre estados excepcionales le otorgan facultades para actuar ante conflictos sociales. No obstante, ha subrayado su preferencia por el diálogo como método más efectivo para resolver las tensiones actuales.

La situación sigue siendo tensa y se espera que las próximas horas sean cruciales para determinar si se logra avanzar hacia una solución pacífica o si las protestas continuarán intensificándose en todo el país.