La situación económica del Gobierno Municipal de Yacuiba se torna cada vez más crítica ante la creciente carga de deuda, que actualmente asciende a 37
La situación económica del Gobierno Municipal de Yacuiba se torna cada vez más crítica ante la creciente carga de deuda, que actualmente asciende a 37 millones de bolivianos, sin incluir los casi 40 millones que se deben a un grupo de exconcejales. Esta crisis se agudiza con un nuevo requerimiento judicial que obliga al municipio a pagar el controversial Bono Frontera, una suma que ronda los cuatro millones de bolivianos. Ante esta circunstancia, el alcalde Juan Carlos Castillo ha iniciado gestiones con los exconcejales para establecer un plan de pagos en cuotas.
Este conflicto tiene sus raíces en la administración del exalcalde Carlos Brú, quien consideraba injusta la demanda por el bono, argumentando que los concejales residentes en la zona fronteriza ya contaban con salarios superiores al mínimo y viviendas en la ciudad. Sin embargo, el caso llegó a instancias judiciales donde se falló a favor de los exediles, dejando al actual alcalde sin otra opción que cumplir con la resolución o arriesgarse a enfrentar una orden de aprehensión.
Castillo ha reconocido públicamente la gravedad del compromiso financiero que enfrenta el municipio y ha propuesto que el pago se realice en cuotas más manejables. “Es mucho dinero”, afirmó el alcalde, quien espera una respuesta positiva por parte de los beneficiarios para facilitar este proceso. Este primer desembolso ascendería a aproximadamente 1,9 millones de bolivianos, una cantidad que, según Castillo, podría haberse destinado a otras áreas críticas dentro del municipio.
El alcalde subrayó la necesidad de “oxigenar” las finanzas municipales y expresó su preocupación por las repercusiones que este pago puede tener sobre otros servicios esenciales para la población. A pesar de su descontento con la situación, reconoció que la justicia dictó su veredicto y el municipio no tiene más alternativa que proceder con el desembolso correspondiente.
Por su parte, Giovanna Gutiérrez, presidenta del Concejo Municipal de Yacuiba, identificó a los exconcejales demandantes: Angélica Villagómez Díaz, Ana Deysi Urzagasti, Andrés Aguirre, Jacqueline Rocabado y María Soria Peña. Gutiérrez indicó que los montos involucrados varían entre ellos y alertó sobre las posibles consecuencias legales para Castillo si no se cumple con lo estipulado por la resolución judicial.
Teodoro Choque, presidente del Concejo Municipal, también se refirió a este asunto y destacó que ni los presupuestos anteriores ni el actual contemplaban dicho bono frontera. Esto ha complicado aún más su pago y ahora será necesario incluirlo en futuros presupuestos para evitar conflictos similares.
El Bono Frontera está regulado por el Decreto Supremo 21137, que establece un beneficio equivalente al 20% del salario básico para aquellos funcionarios cuyo desempeño laboral se ubique dentro de un radio de 50 kilómetros de la frontera.
Desde otro ángulo, Richard Gareca, representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) en Yacuiba, expresó su preocupación por cómo estas demandas impactan negativamente en las finanzas municipales. Gareca cuestionó las reivindicaciones de los concejales al considerar que sus reclamos podrían estar vulnerando los derechos e intereses de la población local: “Ellos dicen que se están vulnerando sus derechos; ¿y acaso ellos no están vulnerando los derechos de la población?”, reflexionó.
La situación plantea un dilema importante para el Gobierno Municipal: cómo equilibrar las obligaciones financieras con las necesidades urgentes en áreas como salud y educación mientras enfrenta una creciente presión económica.
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