En la región de Tarija, específicamente en los municipios de Bermejo, Yacuiba y Villa Montes, ha surgido una creciente preocupación entre la población
En la región de Tarija, específicamente en los municipios de Bermejo, Yacuiba y Villa Montes, ha surgido una creciente preocupación entre la población y los profesionales de la salud debido a la entrega de memorándums de agradecimiento a médicos y enfermeras. Esta situación ha desencadenado una serie de protestas y un estado de emergencia entre las organizaciones sociales locales, quienes advierten con iniciar medidas de presión si no se rectifica el curso de acción del Ministerio de Salud.
El conflicto se centra en la decisión del Ministerio de Salud de retirar a varios médicos del programa Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que prestan servicios en áreas rurales. La semana pasada, la delegada del ministerio en Tarija, Patricia Alemán, se desplazó a Bermejo con el propósito de entregar memorándums que informaban sobre el despido de seis médicos. Sin embargo, su llegada fue recibida con resistencia por parte de dirigentes y vecinos que se oponen a estos cambios. Sonia Rodríguez, presidente del Consejo Social de Salud en Bermejo, expresó su indignación al señalar que se había prometido que dichos memorándums serían dejados sin efecto.
Los dirigentes sociales argumentan que los despidos son injustificados y se han llevado a cabo sin una evaluación adecuada del desempeño profesional. Carlos Fernández, un representante del sector salud en Villa Montes, enfatizó que los derechos laborales han sido vulnerados al despedir a estos profesionales sin el debido proceso. Muchos de ellos cuentan con más de 15 años de experiencia en la atención médica local, lo que plantea preocupaciones sobre el impacto que tendrá su ausencia en la salud pública.
La situación ha llevado a los comités cívicos y sindicatos a declarar un estado de emergencia. Nancy Ibarra, directora de salud de la Federación de Juntas Vecinales, advirtió sobre la posibilidad de bloqueos y cierres fronterizos si no se revierte esta decisión. Los habitantes argumentan que el retiro del personal médico no solo afecta la calidad del servicio sanitario, sino que también podría estar motivado por razones políticas, ya que se rumorea que se busca reemplazar al personal actual por aquellos alineados con el Gobierno.
En Villa Montes se han reportado despidos similares. Basilia Toledo, presidenta del Control Social en esa localidad, confirmó el retiro del médico encargado de atender a más de 2.000 habitantes en la comunidad San Antonio y mencionó el caso de una enfermera en Caigua. La comunidad exige no solo la restitución inmediata del personal despedido sino también nuevos ítems para mejorar la atención sanitaria.
En Yacuiba también se han producido bajas significativas en el personal médico. Wilber Reyna, dirigente local, informó sobre seis cartas de agradecimiento entregadas a médicos bajo el mismo programa SAFCI. La incertidumbre persiste respecto a si estos ítems serán repuestos o si habrá nuevos nombramientos desde el Ministerio.
A pesar del malestar generalizado entre los ciudadanos y los trabajadores sanitarios, Walter Flores, coordinador de la Red de Salud en Yacuiba, desestimó las afirmaciones sobre un despido masivo y aseguró que ninguna comunidad quedaría desprovista de atención médica.
Desde el Ministerio de Salud justifican estas medidas alegando una reestructuración necesaria basada en auditorías realizadas para evaluar el cumplimiento de requisitos por parte del personal médico. Patricia Alemán insistió en que los despidos no están motivados por razones políticas y reiteró que aquellos profesionales desvinculados no cumplían con las normativas establecidas por la Ley N° 1178.
La situación continúa desarrollándose mientras las comunidades afectadas permanecen firmes en su demanda por mantener a sus profesionales médicos experimentados para garantizar así una atención adecuada y efectiva para todos los ciudadanos.
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