En medio de un clima de tensión y violencia en la ciudad de La Paz, el fiscal departamental, Luis Carlos Torres, anunció este martes que el Ministerio
En medio de un clima de tensión y violencia en la ciudad de La Paz, el fiscal departamental, Luis Carlos Torres, anunció este martes que el Ministerio Público ha decidido admitir una denuncia penal contra Nilton Condori, senador suplente de la alianza Unidad. Esta acción legal responde a las acusaciones que lo señalan como instigador de bloqueos de carreteras y otros actos de movilización que han generado disturbios en la región.
Torres detalló que la denuncia incluye serias imputaciones, tales como terrorismo, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y financiamiento al terrorismo. Estas acusaciones reflejan la gravedad de los incidentes recientes en La Paz, donde la violencia ha escalado en medio de protestas y bloqueos.
En declaraciones realizadas el lunes a un medio local de los Yungas, Condori manifestó estar al tanto de una orden de aprehensión en su contra relacionada con estos bloqueos. Su papel como uno de los líderes en las manifestaciones que han cercado La Paz ha sido destacado, especialmente tras haber alcanzado acuerdos con sectores campesinos y con Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), quien también enfrenta una orden de aprehensión por su implicación en estos hechos.
El fiscal Torres también se refirió a las acciones contra Argollo, indicando que se han implementado medidas necesarias para dar seguimiento a su situación. Según sus palabras, la orden de aprehensión ya ha sido enviada a la Policía para su ejecución y para llevar a cabo una investigación más profunda sobre el caso del dirigente.
Además, Torres informó sobre la creación de un equipo especializado dentro del Ministerio Público para abordar los actos violentos ocurridos en La Paz y otros conflictos sociales que afectan al departamento. En este contexto, se ha instruido a la Fiscalía local a emitir un instructivo específico relacionado con estos conflictos. Para hacer frente a esta situación crítica, se están designando fiscales especializados en crisis y contingencia para gestionar los bloqueos y sus repercusiones, que incluyen agresiones y daños a bienes del Estado.
Mientras tanto, el gobierno ha descartado la posibilidad de declarar un estado de excepción en La Paz; sin embargo, ha anunciado un refuerzo en las medidas de seguridad para tratar de controlar la situación actual. En este entorno conflictivo, figuras del ámbito empresarial como el presidente de Cainco han exigido un cese inmediato de la violencia y han instado al retorno urgente al diálogo para abordar esta crisis social que afecta gravemente a la población paceña.
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