El secretario de Economía de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, ha propuesto la creación de un pacto fiscal interno que busca establecer un ac
El secretario de Economía de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, ha propuesto la creación de un pacto fiscal interno que busca establecer un acuerdo más sólido y eficaz entre diversas entidades gubernamentales. Este pacto no solo implicaría una renegociación de las cuentas con el Gobierno Central, sino que también incluiría a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), los gobiernos municipales y otras instituciones que mantienen compromisos financieros con la gobernación.
Romero subrayó la urgencia de abordar el tema de la deuda acumulada, especialmente en relación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En su análisis, destacó que esta deuda representa una carga significativa en el presupuesto departamental. Actualmente, se estima que la Gobernación deberá destinar 17 millones de bolivianos para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que pone de manifiesto la presión económica que enfrenta el departamento.
Uno de los puntos críticos en esta situación es el servicio de deuda correspondiente al FNDR. Para el año 2026, se proyecta un pago total de 34,7 millones de bolivianos, lo que representa casi la mitad del total del servicio de deuda del departamento. En julio próximo, se espera realizar un pago específico de 16,92 millones, donde el FNDR acapara un abrumador 82% del monto total.
La situación financiera es alarmante. La Gobernación recibe aproximadamente 25 millones de bolivianos mensuales en concepto de renta petrolera; sin embargo, con la caída del sector hidrocarburífero, estos ingresos están destinados a disminuir aún más. El panorama es complicado y requiere atención inmediata para evitar un mayor deterioro económico.
Un informe reciente del exgobernador Oscar Montes revela que la deuda total acumulada por la Gobernación supera los 790 millones de bolivianos. De esta cifra, más de 507 millones corresponden al FNDR, lo que representa alrededor del 64% del total adeudado. Este dato coloca al FNDR como el principal acreedor institucional frente a otros compromisos financieros como los préstamos bancarios y procesos contenciosos.
El desglose muestra también que las obligaciones más significativas tras el FNDR provienen del Med. Cred. Centrale y otras entidades financieras como Banco Unión y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, se reportan más de 113 millones en procesos contenciosos y diversas obligaciones con unidades desconcentradas y subgobernaciones.
En este contexto, Gabriela Vilca, coordinadora de Programas y Proyectos de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), ha señalado que más del 50% de los municipios también enfrenta dificultades similares debido a sus propias deudas con el FNDR. Muchos municipios han llegado a un punto donde su capacidad para endeudarse es limitada, lo que agrava todavía más su situación financiera.
Las autoridades municipales están actualmente en proceso de diagnóstico para determinar las cifras exactas relacionadas con sus respectivas obligaciones. Se prevé que tras este análisis se inicien negociaciones para reprogramar las deudas existentes.
En una reunión programada para esta semana con el viceministro de Autonomías Adrián Oliva durante el congreso para elegir al nuevo directorio de AMT, se buscará abordar estas problemáticas y establecer una comunicación efectiva entre los municipios y el Gobierno Central. Además, otro aspecto relevante en las discusiones será la demanda por parte de los municipios para recuperar el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido por la Ley 767, que ha impactado negativamente en sus ingresos ya limitados. La situación exige una respuesta coordinada y eficaz por parte del Gobierno para asegurar una gestión sostenible en Tarija.
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