Ley 1720 permite a pequeños productores soyeros cambiar predios y acceder a créditos en Santa Cruz

En el Norte Integrado de Santa Cruz, pequeños productores soyeros han manifestado su apoyo a la reciente promulgación de la Ley 1720, que permite la conversión de predios de pequeña a mediana propiedad. Esta normativa es considerada por los agricultores como una oportunidad significativa para mejorar sus condiciones de producción, acceso a financiamiento y comercialización.

La ley, que ha sido aprobada en los últimos días, se presenta como una herramienta esencial para facilitar el cambio en la clasificación del uso del suelo. Este aspecto había limitado hasta ahora las posibilidades de crecimiento de muchos agricultores en la región. Con esta modificación legislativa, los pequeños productores esperan poder avanzar en proyectos productivos que antes resultaban inviables debido a las restricciones existentes.

Samuel Llusco, dirigente de la Unión de Pequeños Productores Soya (Unipros), subrayó que el cambio en la clasificación de los predios permitirá consolidar las inversiones ya realizadas y proyectar nuevas infraestructuras que son cruciales para el desarrollo del sector. “Gracias a esta ley, que ya ha sido promulgada, se va a poder acceder a cambiar la clasificación de los terrenos en los cuales van a invertir estas pequeñas asociaciones. Esto les permitirá construir silos y llevar adelante sus sueños de almacenar su grano y negociarlo”, afirmó Llusco.

Los representantes del sector agrícola sostienen que esta norma beneficiará no solo a un grupo reducido, sino a un amplio número de productores en la región. La ley se enfoca especialmente en asociaciones que agrupan a cientos de agricultores que dependen de estas mejoras para mantener sus actividades productivas. Juan Pablo Espinoza, presidente de la Filial Norte de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), destacó que su organización representa a más de 500 productores. Según él, se estima que el impacto positivo de esta ley alcanzará a miles más que enfrentaban dificultades para acceder a créditos debido a la clasificación previa de sus propiedades.

Espinoza detalló que antes del cambio legislativo, muchos pequeños propietarios encontraban obstáculos en el sistema financiero, lo cual limitaba su capacidad para obtener recursos necesarios para sostener sus campañas agrícolas. Con la nueva normativa en vigor, los productores tienen esperanzas renovadas respecto a mejorar sus posibilidades de financiamiento y así enfrentar mejor los desafíos del sector.

Este optimismo se da en un contexto complicado, marcado por el aumento en los costos de insumos y las pérdidas ocasionadas por las lluvias durante las últimas campañas agrícolas. Estos factores han impactado negativamente en la rentabilidad del sector agrícola, lo que hace aún más relevante el respaldo hacia iniciativas como la Ley 1720. Los productores ven en ella una luz al final del túnel para fortalecer su actividad y asegurar un futuro más sostenible para sus cultivos y comunidades.