Este jueves, el municipio de Entre Ríos se convierte en el epicentro de un intenso debate que va más allá de un juicio penal. Se trata de un proceso j
Este jueves, el municipio de Entre Ríos se convierte en el epicentro de un intenso debate que va más allá de un juicio penal. Se trata de un proceso judicial que involucra a 12 comunarios de Chiquiacá y Tariquía, quienes están siendo juzgados por su oposición al proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3, impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras. Para activistas, plataformas ambientales y pobladores locales, esta situación representa una defensa crucial del agua, la tierra y la integridad de una de las reservas naturales más significativas de Tarija.
Desde primeras horas del día, defensores del medio ambiente y ciudadanos solidarios han llegado a Entre Ríos para llevar a cabo una vigilia en apoyo a los comunarios procesados. Estos se enfrentan a cargos penales derivados de sus protestas y resistencia contra la entrada de actividades petroleras en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Este territorio es considerado vital por las comunidades locales debido a sus fuentes hídricas y su rica biodiversidad.
La activista Nelly Coca, quien se ha convertido en una figura emblemática en la defensa de Tariquía, expresó su frustración ante el tratamiento que reciben los comunarios: “Nos están tratando como delincuentes por defender nuestra tierra, por cuidar el agua y la naturaleza”. Esta afirmación resuena en las voces de muchos que consideran que el juicio es parte de un intento sistemático por criminalizar la defensa ambiental. Las comunidades sienten que este proceso judicial busca infundir miedo entre aquellos que se oponen a actividades extractivas en la región.
Coca también advirtió sobre las graves consecuencias que podría acarrear la exploración hidrocarburífera para las vertientes y fuentes de agua del cantón Chiquiacá, lo que afectaría no solo al medio ambiente, sino también a las economías locales que dependen de la agricultura y la ganadería.
Las irregularidades en el procedimiento judicial han sido objeto de críticas. La defensa ha señalado que las notificaciones fueron enviadas a través de WhatsApp, un canal poco accesible para muchas comunidades que carecen de señal telefónica constante. “De los 12 imputados, solo uno pudo recibir la notificación porque vive en una zona con cobertura”, explicó el abogado defensor. Esto ha llevado a presentar incidentes procesales para solicitar la nulidad de tales notificaciones y resaltar violaciones al debido proceso.
Además, existe un proceso paralelo en el Tribunal Agroambiental relacionado con este caso, lo cual ha sido comunicado a las autoridades judiciales mediante una excepción de prejudicialidad. Ante estas circunstancias, incluso se han realizado pedidos de informe ante la Fiscalía General del Estado debido a acusaciones sobre irregularidades y presiones vinculadas al proceso promovido por YPFB y Petrobras.
Mientras avanza la audiencia, la movilización ciudadana se mantiene firme. Activistas y organizaciones ambientales han hecho un llamado para continuar apoyando a los comunarios. “Vamos a dar un espaldarazo y hacer vigilia por los defensores de Tariquía, procesados injustamente por defender nuestra reserva. Porque Tariquía no se toca. Porque Tariquía se respeta”, afirmaron los activistas presentes.
Para muchos en Tarija, este juicio es visto como una lucha colectiva por el territorio, el agua y el futuro ambiental del departamento. La situación refleja una crisis más amplia sobre los derechos ambientales frente al avance del extractivismo en áreas protegidas y subraya la importancia del compromiso comunitario en la defensa del patrimonio natural.
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