El Comité Multisectorial ha manifestado su enérgico rechazo a la propuesta de abrogación de la Ley 1720 y ha cuestionado la reciente promulgación del
El Comité Multisectorial ha manifestado su enérgico rechazo a la propuesta de abrogación de la Ley 1720 y ha cuestionado la reciente promulgación del Decreto Supremo 5613. Según este organismo, ambas iniciativas representan un serio riesgo para la seguridad jurídica, el acceso al crédito y, en consecuencia, para la estabilidad económica de Bolivia. Este pronunciamiento se realizó en un contexto crítico para el país, que enfrenta una crisis caracterizada por la escasez de dólares, problemas fiscales, el aumento del desempleo y un impacto económico creciente sobre las familias bolivianas.
En su comunicado, el Comité Multisectorial subraya que Bolivia ya ha alcanzado un límite respecto a la improvisación y las confrontaciones ideológicas. Resalta que los constantes ataques dirigidos a los sectores productivos son insostenibles y perjudiciales para el desarrollo económico. La organización enfatiza que es imperativo abordar estos problemas de manera colaborativa y constructiva, en lugar de perpetuar un ciclo de desconfianza y conflicto.
Además, el Comité expresó su apoyo al pronunciamiento anterior de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), resaltando la preocupación por las políticas que podrían perjudicar a pequeños productores que dependen del acceso al financiamiento y de un marco regulatorio claro para sus actividades. A su juicio, las decisiones adoptadas por el Ejecutivo no solo impactarían negativamente al sector agrícola, sino que también tendrían repercusiones en otros ámbitos fundamentales de la economía nacional, incluyendo el transporte, comercio, industria, exportaciones, servicios y generación de empleo.
El comunicado detalla cuatro demandas centrales: primero, se exige adherirse a las observaciones previamente planteadas por la CAO; segundo, se solicita la revisión y anulación de aquellas medidas que pongan en riesgo la seguridad jurídica; tercero, se respalda las movilizaciones pacíficas institucionales del sector productivo; y finalmente, se convoca a diversos sectores a permanecer unidos en defensa de la producción y la propiedad privada.
El pronunciamiento concluye con una reflexión contundente: Bolivia no saldrá de la crisis persiguiendo al que produce ni destruyendo la confianza. Bolivia saldrá adelante recuperando la libertad económica, el respeto a la inversión, la institucionalidad y el trabajo digno. Esta declaración subraya la necesidad urgente de promover un ambiente propicio para los negocios y fortalecer los pilares económicos del país.
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