El Gobierno boliviano dio inicio a una nueva fase en la erradicación de cultivos de coca excedentaria en el trópico de Cochabamba, una región emblemát
El Gobierno boliviano dio inicio a una nueva fase en la erradicación de cultivos de coca excedentaria en el trópico de Cochabamba, una región emblemática para la producción de esta hoja tradicional pero también foco de controversias vinculadas al narcotráfico. Esta operación representa un punto de inflexión en la política antidrogas del país, ya que coincide con el primer año tras la salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) del poder, lo que implica un cambio en la estrategia y el enfoque para abordar el problema.
El despliegue inicial tuvo lugar en la comunidad Mariposas, ubicada en el municipio de Chimoré, donde equipos integrados por agentes antidrogas, militares y autoridades nacionales procedieron a erradicar alrededor de 1.600 metros cuadrados de cultivos ilegales. Estos sembradíos se encontraban fuera del perímetro autorizado por la legislación vigente, evidenciando un descontrol significativo en la extensión cultivada. La operación contó con financiamiento proveniente de la Unión Europea y con respaldo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), lo que subraya el compromiso internacional para apoyar a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, explicó que esta intervención busca restablecer un equilibrio entre los cultivos legales —destinados a usos tradicionales— y aquellos excedentarios que alimentan las redes ilícitas. La importancia de este equilibrio radica en preservar los usos culturales y económicos legítimos de la hoja de coca para las comunidades indígenas y campesinas, mientras se combate eficazmente su desviación hacia actividades ilegales como la producción de cocaína.
Justiniano destacó además que la presencia activa y coordinada de autoridades antidrogas en el Chapare representa un hecho inédito después de años caracterizados por restricciones para acceder a esta zona estratégica. Este acceso renovado implica un esfuerzo decidido por parte del Estado para ejercer control efectivo sobre una región considerada sensible debido a su relevancia histórica en la producción cocalera y su vínculo con economías ilegales.
Dentro del marco estratégico adoptado, se incorporan tecnologías modernas como drones y sistemas avanzados de trazabilidad que permiten monitorear con mayor precisión los cultivos autorizados y detectar rápidamente los excedentes ilegales. Estas herramientas tecnológicas también buscan aumentar la transparencia frente a los organismos internacionales que financian y supervisan estas acciones, reforzando así la credibilidad del proceso.
Un aspecto clave anunciado es la realización durante este año de un nuevo estudio sobre el consumo legal de hoja de coca, cuya última actualización data del 2016. Este análisis es fundamental para definir con mayor exactitud cuántas hectáreas son necesarias para cubrir las demandas tradicionales vinculadas a usos culturales, medicinales o alimenticios, evitando así autorizaciones excesivas que puedan facilitar el crecimiento desmedido e ilegal.
Actualmente, según la normativa vigente representada por la Ley 906 —que sustituyó a la antigua Ley 1008 desde 2009— se autorizan hasta 7.700 hectáreas para cultivos legales en el trópico cochabambino. Sin embargo, estimaciones preliminares indican que podrían existir casi 15.000 hectáreas sembradas en esta región, lo que implica casi el doble del área permitida. A nivel nacional, se calcula que las plantaciones podrían alcanzar hasta 40.000 hectáreas totales, cifra muy superior al límite oficial establecido.
Ante esta situación, el Gobierno ha planteado como meta erradicar o racionalizar aproximadamente 10.000 hectáreas durante este año para recuperar el control sobre los cultivos ilegales y reducir así su impacto negativo. El avance durante el año anterior fue considerado insuficiente al eliminar solo unas 2.700 hectáreas frente al crecimiento sostenido del área cultivada fuera del marco legal.
Los datos recientes proporcionados por Unodc reflejan que los cultivos ilícitos superan las 30.000 hectáreas a nivel nacional, contrastando con los límites máximos establecidos por estudios realizados durante la gestión anterior vinculada al MAS. Esta diferencia revela una expansión significativa e incontrolada que pone en riesgo no solo las políticas antidrogas sino también aspectos sociales y económicos relacionados con las comunidades productoras.
Expertos como Franklin Alcaraz han señalado que aproximadamente 6.000 hectáreas serían suficientes para satisfacer únicamente las demandas tradicionales legítimas sobre el consumo cultural e histórico de hoja de coca; todo lo demás estaría destinado a alimentar circuitos ilícitos relacionados con el narcotráfico internacional. El principal peligro radica en que Bolivia podría consolidarse como un centro logístico clave dentro del tráfico regional e internacional de drogas ilícitas, atrayendo así organizaciones criminales extranjeras y generando mayores niveles de violencia e inseguridad.
Este nuevo operativo comenzó en un contexto marcado por tensiones sociales significativas. Organizaciones cocaleras reaccionaron instalando vigilias a lo largo de la carretera interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz como medida preventiva ante temores fundados en denuncias sobre posibles detenciones arbitrarias dirigidas contra sus dirigentes regionales. Se movilizaron cerca de 20 mil productores convocados por las Seis Federaciones del Trópico, quienes desplegaron manifestaciones pacíficas sin bloquear el tránsito pero sí mostrando su rechazo al plan gubernamental.
Pese a estas tensiones iniciales, se logró establecer un acuerdo entre el Gobierno y las federaciones cocaleras involucradas para avanzar con el proceso bajo un marco consensuado centrado en combatir conjuntamente el narcotráfico sin afectar los cultivos legales tradicionales ni perjudicar a productores honestos.
En definitiva, esta nueva etapa busca consolidar un control estatal más riguroso sobre los cultivos ilegales mediante mecanismos técnicos actualizados y diálogo social activo con los sectores productivos tradicionales. La intención oficial es frenar eficazmente los cocales fuera del marco legal para evitar su vinculación directa con actividades ilícitas sin perjudicar aquellas actividades ancestrales legítimas asociadas a esta planta emblemática dentro de Bolivia. El éxito o fracaso del proceso tendrá implicancias profundas tanto para las políticas internas como para la imagen internacional del país frente al desafío global contra las drogas ilícitas
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