La Gobernación de Tarija se encuentra en un proceso de negociación con el Gobierno nacional en busca de la devolución de aproximadamente 88 millones d
La Gobernación de Tarija se encuentra en un proceso de negociación con el Gobierno nacional en busca de la devolución de aproximadamente 88 millones de bolivianos del Fondo de Promoción y Exploración Hidrocarburífera. Este requerimiento es parte de un esfuerzo más amplio para mitigar la crisis financiera que afecta al departamento, y las autoridades locales esperan una respuesta favorable en los próximos días.
El secretario de Economía y Finanzas Públicas, Fernando Romero, ha indicado que las reuniones recientes con representantes del gobierno central han arrojado resultados solo parciales, aunque se ha logrado establecer un canal de diálogo para abordar la situación financiera y contractual entre Tarija y el Estado. Romero destacó que, durante una segunda reunión, se logró abrir la posibilidad de realizar adendas extraordinarias al acuerdo existente, lo cual permitiría modificar la frecuencia de los pagos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de semestrales a mensuales. Esta modificación sería crucial para aliviar la presión económica que enfrenta la Gobernación.
Romero aclaró que lo que se busca no es una condonación ni periodos de gracia en los pagos, sino simplemente una reprogramación que abarque los meses restantes del año. Específicamente, se solicitan 23 millones de bolivianos que se pagarían en cuotas mensuales desde julio hasta diciembre. El funcionario subrayó que el Gobierno nacional se comprometió a dar una respuesta dentro de esta semana. En caso de no recibir una solución satisfactoria, la Gobernación ha advertido su intención de presentar una representación formal para acelerar las negociaciones.
Uno de los aspectos más críticos del planteamiento tarijeño es la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), relacionado con el Fondo de Exploración y Promoción Hidrocarburífera. Según datos oficiales, esta retención ha acumulado 88 millones de bolivianos que debieron ser entregados al departamento. Romero mencionó que, durante el año pasado, Tarija debió recibir cerca de 57 millones por concepto del IDH; sin embargo, solo recibió alrededor de 50 millones, una cifra a la cual se le descontaron diversas obligaciones como la Renta Dignidad y transferencias internas al Chaco.
El impacto financiero es significativo, ya que lo que finalmente recibe Tarija no es suficiente para cumplir con competencias que muchas veces son consideradas responsabilidades nacionales. Romero enfatizó este punto al afirmar que las transferencias actuales no permiten cubrir adecuadamente las necesidades del departamento.
En medio de esta complicada situación fiscal, la Gobernación ha propuesto utilizar los 88 millones como un mecanismo para compensar o canjear deuda. Esta estrategia permitiría destinar esos recursos a amortizar pasivos existentes con el FNDR y otras entidades estatales sin afectar las finanzas generales del Estado. Romero argumentó que esta solución podría ayudar a aliviar la carga financiera del departamento en un contexto donde muchas gobernaciones enfrentan retos económicos similares.
Finalmente, el secretario adelantó que en la próxima reunión con otros gobernadores se buscará avanzar hacia un pacto fiscal. La intención es establecer un marco más estructural para abordar las competencias asumidas por los gobiernos departamentales sin el financiamiento adecuado desde el nivel central. Romero concluyó señalando la necesidad urgente de articular una voz unificada entre las gobernaciones para plantear soluciones sostenibles más allá de reprogramaciones puntuales. Mientras tanto, todos los ojos están puestos en la inminente respuesta sobre las propuestas presentadas ante el FNDR.
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