Ejecutivo apuesta por diálogo y firmeza legal para resolver conflictos sin recurrir a violencia excesiva

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se pronunció recientemente sobre la posibilidad de declarar un estado de excepción en respuesta a las movilizaciones y enfrentamientos que han tenido lugar en las ciudades de La Paz y El Alto. Durante su intervención, Gálvez subrayó que, aunque esta medida es una facultad del gobierno constitucional, su implementación requiere un análisis exhaustivo. Esto se debe a la complejidad social y política del país y las consecuencias que podría acarrear para la población.

Gálvez afirmó: “No está descartado. Es una atribución específica del gobierno constitucional para ejercerlo, pero tenemos que crear las condiciones que realmente no provoquen más problemas, que de verdad sean solución”. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de ofrecer a los bolivianos un gobierno que promueva una democracia genuina.

El vocero también abordó el contexto de las movilizaciones, señalando que hay grupos que buscan generar violencia y provocar pérdidas humanas. Según Gálvez, cualquier decisión relacionada con un estado de excepción debe ser tomada con cautela para evitar agravar la situación actual o transformar un problema manejable en uno mucho más grave.

En su discurso, Gálvez destacó el compromiso del gobierno por mantener un equilibrio entre el cumplimiento de la ley frente a quienes cometen delitos y la protección de la vida de los ciudadanos. La prioridad del Ejecutivo radica en asegurar el abastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos, al mismo tiempo que se evita cualquier confrontación innecesaria que podría resultar en más víctimas.

Es importante mencionar que la posibilidad de declarar un estado de excepción no es una acción automática ni inmediata. El vocero enfatizó la necesidad de considerar la normativa vigente, el impacto social potencial, así como coordinar con la Asamblea Legislativa y garantizar la protección de los derechos constitucionales.

Gálvez concluyó su intervención subrayando que la estrategia del gobierno combina un enfoque legal firme con el diálogo y la concertación. Aseguró que el objetivo es resolver los conflictos sin recurrir a medidas violentas excesivas y garantizar que quienes cometan actos delictivos sean llevados ante la justicia. “Hay que ser prudentes para que una medida así sea una solución y no se convierta en un problema”, sentenció finalmente.