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La situación en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) se ha vuelto crítica, tras una jornada de violencia y disturbios que culminó con la intervención policial y la detención de más de veinticinco estudiantes. Este conflicto, que comenzó como una lucha interna por el liderazgo estudiantil, ha puesto al descubierto problemas más profundos dentro de la institución, incluyendo acusaciones de corrupción y una fractura en la dirigencia estudiantil.
El conflicto se intensificó a principios de abril, cuando surgieron acusaciones sobre manejos financieros irregulares en el seno de la Federación Universitaria Local (FUL). Denuncias realizadas por sectores movilizados apuntan a un desfalco superior a 220.000 bolivianos, sumando recursos tanto de aportes estudiantiles como de fondos estatales destinados a la federación. Este escenario ha polarizado aún más al movimiento estudiantil entre dos facciones: una liderada por Víctor Paz, quien hasta ahora ocupaba el cargo de ejecutivo y contaba con cierto respaldo institucional, y otra encabezada por Juan Carlos Burgos, que busca posicionarse como nueva dirigencia.
La división entre estos grupos no solo ha fragmentado al alumnado, sino que también ha desatado un ambiente de confrontación constante. Las tensiones estallaron el lunes cuando un grupo afín a Burgos tomó el rectorado en lo que inicialmente parecía ser una acción pacífica. Sin embargo, esta toma provocó una reacción violenta del otro bando, lo que desencadenó enfrentamientos físicos dentro del campus universitario. La situación se tornó insostenible y requirió la intervención de la Policía Boliviana para restablecer el orden. Como resultado, se registraron arrestos masivos y un estudiante sufrió una herida grave tras recibir un impacto en la cabeza durante los disturbios.
En medio del caos, la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) intentó mediar en el conflicto enviando una comisión técnica a Tarija. Sin embargo, su intervención no logró calmar las aguas; por el contrario, provocó más divisiones. La CUB decidió suspender a Víctor Paz durante tres meses al considerar que su participación como candidato en las recientes elecciones subnacionales violaba las normativas universitarias. Esta decisión fue rechazada por Paz, quien argumentó que carece de legitimidad democrática y afirmó tener documentos que respaldan su posición como dirigente electo.
Las autoridades universitarias han intentado recuperar el control de la situación. El rector Eduardo Cortez y el vicerrector Juan Condori han hecho esfuerzos para restablecer las actividades académicas y administrativas tras los incidentes violentos. Condori atribuyó los hechos a “desentendimientos en la dirigencia estudiantil” pero no descartó la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes resulten responsables por los disturbios.
La crisis en la UAJMS es un reflejo del descontento acumulado entre los estudiantes y plantea interrogantes sobre la gobernanza dentro de las universidades bolivianas. A medida que las tensiones persisten, queda por ver si se encontrará una solución viable que devuelva la calma al campus y restaure la confianza entre los diferentes sectores involucrados.
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