Comité pro Santa Cruz y CAO rechazan abrogación de Ley 1720 y advierten que afectaría a productores

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, ha expresado su firme desacuerdo con la reciente iniciativa del Gobierno de abrogar la Ley 1720, que regula la conversión de tierras de pequeña propiedad a mediana de manera voluntaria. Este pronunciamiento se produce tras un acuerdo entre Rodrigo Paz y representantes del sector campesino, lo que ha llevado a Cochamanidis a cuestionar la legitimidad de las decisiones gubernamentales en este contexto. Según él, el Ejecutivo parece estar cediendo ante el temor generado por un grupo reducido que, a su juicio, no contribuye a la producción agrícola del país.

Cochamanidis enfatiza que es crucial escuchar la voz de los verdaderos productores para entender su perspectiva sobre esta normativa. Argumenta que la Ley 1720 está diseñada para beneficiar a los agricultores al otorgarles mayor libertad y control sobre sus tierras. “El Gobierno se está dejando meter miedo con unos cuantos que no producen, que no trabajan, que lo único que hacen es bloquear y perjudicar al país”, afirmó el líder cívico. Además, subrayó que el propósito fundamental de la ley es empoderar al productor, permitiéndole ser el dueño efectivo de su tierra.

Por otro lado, organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) han manifestado su preocupación ante la intención de eliminar esta norma. La CAO ha advertido a la administración de Paz que “Bolivia no puede darse el lujo de gobernar contra sus productores”, sugiriendo que tal decisión podría tener repercusiones negativas en el sector agrícola nacional.

Cochamanidis también lamentó que la propuesta de abrogación representa un retroceso significativo y perpetúa un modelo centralista que restringe las oportunidades de crecimiento para los productores. En este sentido, criticó al Gobierno por priorizar encuentros con grupos que generan conflictos y bloqueos en lugar de dialogar con aquellos productores que buscan condiciones más claras para continuar sus actividades agrícolas.

La situación ha generado un ambiente tenso en el sector agropecuario, donde los líderes han comenzado a discutir posibles medidas de presión para rechazar cualquier intento de abrogación de leyes que consideran fundamentales para su desarrollo y bienestar.