El descontento en Tarija hacia la Ley 157, que propone la conversión de la pequeña propiedad titulada en propiedad mediana, está creciendo a pasos agi
El descontento en Tarija hacia la Ley 157, que propone la conversión de la pequeña propiedad titulada en propiedad mediana, está creciendo a pasos agigantados. Esta normativa ha suscitado un amplio rechazo entre las comunidades campesinas, que ahora se organizan para plantear medidas de presión si el Gobierno no responde a sus inquietudes. Tomás Velásquez, dirigente campesino, ha confirmado que las bases han sido convocadas a un ampliado departamental programado para el 25 de abril, donde se discutirá la situación actual y se definirá una postura frente a la ley.
La reunión se llevará a cabo en las instalaciones de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), y se espera que en este encuentro se analicen los efectos de la norma y las estrategias a seguir. Velásquez ha expresado su preocupación por el hecho de que la ley esté generando incertidumbre no solo a nivel local, sino también nacional. Además, ha señalado que las bases no descartan unirse a movilizaciones ya en curso en otras regiones del país como Beni y Pando.
Uno de los puntos más críticos que han surgido es la falta de socialización de esta ley entre el sector campesino. Velásquez ha indicado que muchos agricultores desconocen los detalles de la normativa, lo cual alimenta un clima de desconfianza respecto a sus repercusiones. A pesar de que esta iniciativa fue planteada en administraciones anteriores, no fue discutida adecuadamente con las organizaciones sociales; más bien, solo se trató con dirigencias afines al Gobierno.
Luis Alfaro, exdirigente de la FSUCCT, ha ido más allá al calificar esta ley como inconstitucional. Según su perspectiva, aunque en teoría pueda parecer beneficiosa para algunos sectores, oculta riesgos significativos que podrían impactar negativamente a las familias campesinas. “En teoría suena bien, pero tiene un trasfondo peligroso”, advirtió Alfaro, criticando también la falta de disposición del Gobierno para escuchar a las organizaciones sociales involucradas.
Desde una visión más técnica, Abel Guzmán, exasambleísta departamental, ha señalado que aunque existen aspectos positivos en la ley —como facilitar el acceso a créditos para pequeños productores— también hay riesgos asociados. Guzmán explicó que al cambiar la categoría de propiedad, estas tierras dejan de ser inembargables y podrían quedar expuestas ante eventuales incumplimientos financieros por parte de los productores. Muchos podrían aceptar este cambio sin tener claridad sobre sus implicaciones reales, lo cual podría resultar más beneficioso para el sistema financiero que para el sector productivo.
El contexto actual es uno de creciente tensión entre el Gobierno y diversos sectores sociales. La evolución del conflicto dependerá en gran medida de las decisiones tomadas por las organizaciones campesinas durante el ampliado del 25 de abril. Por ahora, el debate sobre la Ley 157 ha trascendido lo técnico y se está convirtiendo en un enfrentamiento político y social que podría influir notablemente en la agenda pública en los días venideros. El Gobierno defiende esta normativa como una herramienta para dinamizar la economía rural; sin embargo, aquellos críticos advierten sobre los riesgos estructurales que podría acarrear para la tenencia de tierras agrícolas.
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