El Gobierno de Bolivia se encuentra en proceso de formular un nuevo modelo para el sector de los hidrocarburos, impulsado por un proyecto de ley que p
El Gobierno de Bolivia se encuentra en proceso de formular un nuevo modelo para el sector de los hidrocarburos, impulsado por un proyecto de ley que propone establecer tributos que podrían alcanzar hasta el 50 % para las empresas petroleras. Esta iniciativa, según declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, busca eliminar la discrecionalidad que actualmente posee la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la gestión de contratos, con el fin de proporcionar mayor seguridad jurídica a los inversores.
Medinaceli destacó la necesidad imperiosa de revertir la tendencia negativa que se ha observado en la producción y exportación de gas, así como en otros hidrocarburos. Las cifras oficiales reflejan una preocupante disminución en la producción de gas, que ha caído de 61 millones de metros cúbicos en 2014 a menos de la mitad en el presente año. Asimismo, las exportaciones han sufrido un drástico descenso, pasando de 6.113 millones de dólares en 2013 a una proyección de apenas 1.076,8 millones para 2025. Las reservas probadas de gas también han disminuido considerablemente, alcanzando solo 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF) en comparación con los 10,7 TCF reportados en 2017.
El proyecto legislativo representa la primera reforma significativa que el gobierno del presidente Rodrigo Paz enviará a la Asamblea Legislativa con el propósito de revitalizar el sector hidrocarburífero y restaurar su estatus como productor clave. La propuesta contempla que YPFB colabore estrechamente con inversores privados nacionales e internacionales, siguiendo un modelo similar al implementado en países como Brasil, Colombia y Chile. Medinaceli enfatizó la importancia de contar con un sistema impositivo que respete los resultados del referendo realizado en 2004, donde los ciudadanos aprobaron el cobro de impuestos y regalías a las petroleras que alcanzaran hasta el 50 % del valor total de producción.
El ministro también abordó el debate sobre la participación estatal instaurada durante la nacionalización del sector por parte del expresidente Evo Morales en 2006. Aclaró que aunque se habló del 82 % como participación estatal durante ese periodo, esta cifra se aplicó solamente a dos campos específicos y por un corto periodo. Desde entonces, las empresas petroleras han contribuido al Estado mediante un Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 32 %, además de regalías y otros cargos que han elevado la participación estatal promedio a alrededor del 60 %, aunque esta cifra puede variar.
En cuanto a las reformas propuestas, Medinaceli subrayó que uno de los objetivos fundamentales es eliminar conceptos como costos recuperables y cualquier forma de discrecionalidad por parte de YPFB en sus contratos con las empresas petroleras. Esto otorgaría una mayor certeza jurídica para los inversores interesados en participar en el sector. Además, se contempla una política especial destinada a modernizar YPFB y mejorar su transparencia y eficiencia, lo cual podría facilitar su acceso a recursos internacionales mediante la emisión de bonos o incluso su cotización en bolsa.
A pesar del cambio propuesto hacia un modelo más colaborativo con el sector privado, Medinaceli aseguró que el proyecto respetará plenamente la Constitución promulgada por Morales en 2009, que establece que YPFB es responsable por la administración de los hidrocarburos y reconoce al Estado como su propietario. Sin embargo, enfatizó que es crucial crear condiciones económicas favorables para fomentar tanto la exploración como la explotación efectiva dentro del sector hidrocarburífero boliviano.
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