La situación económica de las familias que dependen de la pesca en el río Pilcomayo se ha visto gravemente afectada por los recientes bloqueos de carr
La situación económica de las familias que dependen de la pesca en el río Pilcomayo se ha visto gravemente afectada por los recientes bloqueos de carreteras, una acción llevada a cabo por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari. Estas medidas no solo impactan a empresarios y exportadores, sino que han generado un efecto dominó que repercute directamente en la subsistencia de cientos de familias indígenas dedicadas a esta actividad.
Francisco Pérez Nazario, capitán grande del pueblo indígena Weenhayek y presidente de la Organización de Capitanías Weenhayek de Tarija (Orcaweta), ha expresado su inquietud por las pérdidas económicas que enfrentan los pescadores. Según Pérez, la venta del sábalo, un pez emblemático de la región, ha disminuido casi en un 50%. Este descenso en las ventas es alarmante, especialmente en un periodo crítico como es la temporada de pesca.
Los bloqueos han creado un entorno hostil para los transportistas, quienes se muestran reacios a salir a las carreteras por el temor a quedar atrapados en medio de los conflictos sociales. Esta incertidumbre ha llevado a una drástica reducción en el número de camiones que trasladan el pescado hacia mercados clave como Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Los transportes más afectados son aquellos de alto tonelaje que pueden llevar entre 10 mil y 35 mil unidades de pescado; sin embargo, debido al cerco en las rutas, muchos cargamentos no logran llegar a sus destinos.
Pérez lamenta que con la aparición renovada del cardumen en el río Pilcomayo, el bloqueo impida que los pescadores aprovechen este recurso natural. La falta de acceso al mercado podría resultar en pérdidas significativas para las familias que dependen exclusivamente del ingreso generado por la venta del pescado. “Nosotros nos sentimos bien afectados en esta situación”, comentó el capitán grande, enfatizando que sin transporte adecuado, toda la producción corre el riesgo de perderse.
Además, Pérez cuestionó la continuidad de estas medidas de presión social, argumentando que ya no tienen sentido tras la abrogación de la Ley 1720 por parte del Gobierno. “Creo que ya no tendría sentido seguir bloqueando”, afirmó. Esta postura destaca la preocupación no solo por el sector pesquero, sino también por otros productores locales como aquellos dedicados a hortalizas y ganado, cuyos productos perecederos están igualmente amenazados por los retrasos en el transporte.
La crisis actual se siente con especial intensidad en el Chaco boliviano, donde la pesca es una actividad estacional esencial para muchas familias indígenas. Cualquier interrupción puede tener consecuencias devastadoras para su economía local y su capacidad para sostenerse durante todo el año. La situación resalta la necesidad urgente de encontrar soluciones pacíficas y efectivas que permitan restablecer el flujo comercial y asegurar el bienestar de estas comunidades vulnerables.
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