La senadora de Libre, Tomasa Yarhui, ha expresado su preocupación respecto a la gestión del Gobierno en medio de los crecientes conflictos sociales y
La senadora de Libre, Tomasa Yarhui, ha expresado su preocupación respecto a la gestión del Gobierno en medio de los crecientes conflictos sociales y bloqueos que han impactado a diversas regiones del país. En declaraciones recientes, Yarhui criticó la falta de una respuesta ágil por parte del Ejecutivo ante las demandas de los sectores movilizados, subrayando que esta inacción ha contribuido al aumento del descontento social.
“Ha tenido un error el Gobierno porque debió identificar las demandas legítimas, sentarse y solucionar, pero no se vio esa acción rápida de parte de los ministros que permitió que crezca el descontento generalizado”, manifestó la legisladora. Sus palabras reflejan una creciente inquietud entre los ciudadanos sobre cómo se están manejando las crisis actuales.
La senadora también alertó sobre las repercusiones que podrían derivarse de las movilizaciones en curso. En particular, mencionó el riesgo de un desabastecimiento crítico de alimentos, medicamentos y oxígeno en varias ciudades, lo que podría intensificar la tensión social existente. “Por una parte tenemos las movilizaciones y por otra parte tenemos ciudades cercadas que no tienen medicamentos, oxígeno y alimentos. Estamos en una situación muy delicada para el país porque puede generarse descontento y enfrentamientos entre ciudadanos”, advirtió.
En este marco crítico, Yarhui anunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene programado discutir este jueves un proyecto de ley relacionado con la regulación de los estados de excepción enviado por el presidente Rodrigo Paz. “Hoy nos llegó el proyecto de ley de regulación del estado de excepción. Se citó una sesión ordinaria con carácter de urgencia para este jueves a mediodía”, explicó.
Es importante destacar que la senadora aclaró que la función de la Asamblea no incluye declarar un estado de excepción por sí misma; su papel se limita a aprobar o rechazar dicha medida dentro del plazo estipulado de 72 horas tras su disposición por parte del Órgano Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. Esta situación plantea un escenario complejo en el que los legisladores deberán sopesar tanto la seguridad pública como las libertades individuales en un contexto marcado por la agitación social.
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