Ordenan desalojo en Santa Rita y Las Londras; autoridades buscan estrategia unificada para resolver conflicto

El secretario de Seguridad de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, ha anunciado la convocatoria a una reunión interinstitucional que se llevará a cabo en el departamento para tratar los recientes casos de avasallamiento en los predios de Santa Rita, ubicados en el norte cruceño. Este encuentro se produce tras una resolución judicial que ordena el desalojo de las áreas ocupadas, lo que ha intensificado la tensión en la región.

Santistevan explicó que la Gobernación busca reunir a las principales instituciones del departamento con el fin de realizar un análisis colectivo sobre la situación. En esta reunión, cada entidad podrá presentar su perspectiva y colaborar en la formulación de políticas de acción frente a estos delitos, que han generado preocupación entre los propietarios legítimos de las tierras.

El secretario enfatizó que el objetivo principal es establecer una estrategia coherente y unificada que permita no solo resolver el conflicto actual, sino también sancionar adecuadamente a los responsables del avasallamiento. Esperamos que del conjunto de esta reunión surja una sola dirección y una estrategia clara que no solo resuelva el conflicto, sino que también permita aprehender a los avasalladores y a sus autores intelectuales. Además, es fundamental restituir los derechos de propiedad a aquellos que legítimamente poseen estas tierras, expresó Santistevan.

Este pronunciamiento se produce en un contexto marcado por la reciente orden judicial que exige el desalojo de predios ocupados en las zonas de Las Londras y Santa Rita. Esta decisión ha provocado una reacción dividida: mientras los propietarios reclaman la implementación inmediata del fallo con apoyo policial, diversos grupos interculturales han manifestado su rechazo a la medida y han declarado su intención de permanecer en los asentamientos.

Frente a esta situación compleja, las autoridades departamentales han asegurado que en los próximos días se coordinarán acciones para abordar el conflicto y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales. La Gobernación busca así encontrar una solución que contemple tanto la legalidad del derecho propietario como las demandas sociales presentes en la región.