Productores mantienen estado de emergencia y exigen reglas claras tras anuncio de posible abrogación de la Ley 1720

En un evento reciente, el presidente Rodrigo Paz abordó la Ley 1720 de reconversión de propiedades, destacando que, aunque considera que la legislación tiene una base sólida, su implementación ha carecido de un adecuado proceso de socialización con los sectores involucrados. Durante el Taller Internacional “Economía para la gente”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en La Paz, Paz enfatizó la importancia del diálogo y la inclusión de diferentes perspectivas en la creación de leyes que impactan a múltiples actores sociales.

El presidente hizo hincapié en que han surgido propuestas desde diversos sectores para realizar ajustes a la ley, sugiriendo que la adición de algunos artículos podría contribuir a su mejora. “Tiene una base de ley buena, pero le faltó margen de diálogo en ciertos sectores”, afirmó, lo que pone de manifiesto su reconocimiento sobre la necesidad de un proceso más inclusivo en la formulación legislativa.

En este contexto, los productores han expresado su preocupación y han declarado un estado de emergencia ante las intenciones del Gobierno de abrogar la Ley 1720. Exigen reglas claras y certidumbre para poder trabajar en pro del desarrollo nacional. Esta alarma se encendió tras conocerse que durante un diálogo reciente entre el presidente Paz y representantes del sector campesino se acordó gestionar ante el Legislativo la posible derogación de esta norma.

El vocero del Gobierno confirmó este compromiso, pero subrayó que cualquier movimiento hacia la abrogación debe ir acompañado por una nueva propuesta legislativa que contemple las distintas visiones presentadas por los actores involucrados. Los sectores campesinos e indígenas han manifestado su oposición a la ley, argumentando que podría amenazar las propiedades comunitarias. Sin embargo, esta interpretación ha sido refutada por el Gobierno.

Paz también reflexionó sobre la situación actual del diálogo en el país, cuestionando: “¿Cuál es la condición para no poder generar esos escenarios de concertación?” Afirmó que algunos interpretan esta falta de diálogo como debilidad, mientras él considera que refleja una pérdida colectiva de capacidad para llegar a consensos. Según sus palabras, esta incapacidad se ha ido consolidando a lo largo del tiempo debido a un estilo de gobernanza marcado por el miedo y una dinámica política estancada.

Este análisis pone en evidencia no solo las tensiones existentes alrededor de la Ley 1720, sino también un llamado a repensar cómo se llevan a cabo los procesos legislativos en Bolivia. La necesidad urgente de un espacio donde todas las voces sean escuchadas parece ser clave para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado y consensuado.