Empresarios cruceños rechazan abrogación de la Ley 1720 por afectar a pequeños productores

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Empresarios cruceños rechazan abrogación de la Ley 1720 por afectar a pequeños productores

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) ha emitido un pronunciamiento que refleja su preocupación y rechazo ante la propuesta del

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La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) ha emitido un pronunciamiento que refleja su preocupación y rechazo ante la propuesta del Gobierno de abrogar la Ley 1720, una medida que, según la entidad, tendría un impacto negativo en los pequeños productores y campesinos de Bolivia. En su comunicado, la FEPSC respalda decididamente la postura de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que ha convocado a movilizaciones en defensa de estos grupos vulnerables.

El documento resalta el esfuerzo diario de los pequeños productores, quienes, a pesar de enfrentar múltiples limitaciones y desafíos, continúan trabajando arduamente para asegurar el abastecimiento de alimentos a las familias bolivianas. Este compromiso por parte del sector agropecuario es visto como un pilar fundamental para la seguridad alimentaria del país.

Además, la FEPSC denuncia una situación alarmante relacionada con la presión ejercida por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Según los empresarios, estas entidades están sometiendo económicamente a los pequeños productores, lo que les impide ejercer plenamente su derecho sobre sus tierras. Esta dinámica empuja a muchos agricultores hacia la informalidad y genera un clima de incertidumbre jurídica que complica aún más su situación.

Desde la perspectiva de los empresarios cruceños, la posible derogación de la Ley 1720 no solo representa una amenaza para la seguridad jurídica en el sector agropecuario, sino que también podría desestabilizar económicamente el entorno agrícola del país. Subrayan que esta ley es crucial para proteger el esfuerzo y dedicación de aquellos que contribuyen a la producción nacional.

Por último, la FEPSC hace un llamado a los parlamentarios nacionales para que actúen con responsabilidad y compromiso hacia el bienestar del país. Instan a evitar cualquier acción que pueda considerarse un atropello contra los derechos e intereses de los pequeños productores bolivianos, reforzando así su postura en defensa del sector agropecuario y su vital papel en la economía nacional.

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