El reciente avance del proyecto de ley en la Cámara de Senadores, que busca abrogar la Ley 767, ha generado una mezcla de expectativas y tensiones ent
El reciente avance del proyecto de ley en la Cámara de Senadores, que busca abrogar la Ley 767, ha generado una mezcla de expectativas y tensiones entre los diferentes niveles de gobierno en Bolivia. Esta iniciativa, que ha sido bien recibida por las gobernaciones al proponer la devolución de 164 millones de bolivianos acumulados en el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), se enfrenta a críticas significativas por su enfoque exclusivo hacia los gobiernos departamentales, dejando a los municipios y universidades fuera del beneficio.
La Ley 767, que permitió el descuento del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para financiar actividades relacionadas con la exploración y explotación hidrocarburífera, ha impactado negativamente en las finanzas tanto de gobernaciones como de municipios. A pesar de que el proyecto legislativo tiene como objetivo aliviar la situación financiera de las gobernaciones, los municipios han expresado su descontento al no ser considerados en esta medida. Durante el debate legislativo, surgieron voces críticas que argumentaron que todos los niveles de gobierno han sufrido las consecuencias de las retenciones del IDH y merecen ser incluidos en cualquier solución.
El senador tarijeño César Mentasti destacó la urgencia de abordar la abrogación definitiva de la Ley 767, mencionando que este proceso ha estado estancado en la Cámara de Diputados pese a haber sido previamente aprobado en el Senado. Mentasti cuestionó la falta de avance y subrayó que la devolución propuesta para el año 2025 es solo una solución temporal frente a una necesidad más amplia: recuperar permanentemente los recursos retenidos durante años.
La voz del alcalde tarijeño Johnny Torres resuena con fuerza al criticar el enfoque del proyecto. Torres recordó que la propuesta original contemplaba beneficios para todos los niveles gubernamentales, pero actualmente parece priorizar únicamente a las gobernaciones. Según sus estimaciones, si se aprueba una distribución equitativa, la Alcaldía de Tarija podría recibir alrededor de 55 millones de bolivianos, lo cual sería crucial para enfrentar la actual crisis económica que afecta a todos los gobiernos municipales.
La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) ha comenzado a movilizarse para presentar una posición conjunta y exigir modificaciones al proyecto antes de su aprobación final en Diputados. Los alcaldes argumentan que todos los entes subnacionales están lidiando con dificultades financieras similares y requieren un apoyo equitativo para garantizar servicios esenciales como salud, educación y desarrollo productivo.
El tratamiento del proyecto en Diputados no solo tiene implicaciones económicas inmediatas, sino que también representa un testimonio del estado actual del sistema político y administrativo en Bolivia. La decisión final sobre cómo se distribuirán estos recursos determinará si se logra un alivio económico significativo o si se perpetúa una situación desigual entre diferentes niveles gubernamentales. En medio de esta incertidumbre, tanto gobernaciones como municipios esperan con ansias un desenlace favorable que les permita continuar operando sin poner en riesgo sus servicios fundamentales.
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