El Proyecto Hidroeléctrico Carrizal ha suscitado una creciente preocupación entre las comunidades indígenas de la Región Autónoma del Chaco, quienes t
El Proyecto Hidroeléctrico Carrizal ha suscitado una creciente preocupación entre las comunidades indígenas de la Región Autónoma del Chaco, quienes temen que su implementación cause daños irreparables al río Pilcomayo. Este temor ha cruzado fronteras y ha llevado al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPIS) a emitir un pronunciamiento en el que manifiestan su rechazo a la obra, la cual se proyecta en la cuenca del río Camblaya, que conecta los departamentos de Tarija y Chuquisaca.
Desde el Comité Impulsor del proyecto se hace un llamado a evitar conclusiones apresuradas. Argumentan que Carrizal no solo se limita a la generación de energía eléctrica, sino que también puede significar un avance en el riego agrícola y contribuir a la preservación del río y su biodiversidad. En este sentido, destacan la importancia de considerar todos los beneficios potenciales que podría traer el proyecto.
La ambiciosa iniciativa contempla una inversión superior a los 1.300 millones de dólares para construir una presa de 160 metros sobre el río Camblaya, con el objetivo de generar aproximadamente 360 megavatios de energía eléctrica y establecer sistemas de riego para alrededor de 90.000 hectáreas en el Chaco. Sin embargo, IPIS sostiene que estos datos son insuficientes sin un acceso completo a los estudios técnicos, ambientales y sociales relacionados con el proyecto. En su pronunciamiento, advierten que la falta de información detallada impide una evaluación adecuada del impacto real del proyecto en las comunidades afectadas, así como en sus territorios y recursos naturales.
El río Pilcomayo es vital para el desarrollo económico y social de las comunidades que lo rodean, incluyendo pueblos originarios como los guaraníes y weenhayekes en Bolivia, así como los wichís en Argentina. Por esta razón, IPIS exige la divulgación completa de la documentación relacionada con Carrizal para garantizar un análisis transparente y fundamentado sobre sus implicaciones.
Además, el pronunciamiento subraya las preocupaciones sobre cómo la construcción del proyecto podría alterar el régimen natural del río, lo que podría poner en riesgo tanto al ecosistema local como a las comunidades dependientes de él. “La modificación de la dinámica fluvial podría amenazar especies acuáticas y afectar negativamente la actividad pesquera”, advierte IPIS. Enrique Arello, ejecutivo del instituto, enfatiza la importancia de realizar consultas previas efectivas antes de llevar adelante obras que impacten directamente en los derechos colectivos y recursos territoriales.
En Villa Montes, otro actor relevante es la Organización de Capitanías del Pueblo Weenhayek de Tarija (Orcaweta), que junto al Comité de Defensa del río Pilcomayo han declarado estado de emergencia por el avance del proyecto hidroeléctrico. Simmel Sánchez, miembro activo de Orcaweta, expresó su inquietud ante la falta de información precisa sobre las repercusiones ambientales y sociales que podría acarrear Carrizal. Criticó que algunas autoridades ya estén gestionando financiamiento internacional para su ejecución sin contar con estudios concluyentes sobre su impacto ambiental.
La expectativa ahora recae sobre una próxima reunión programada en Villa Montes con representantes de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), donde se espera obtener más claridad sobre el proyecto. Mientras tanto, las dudas persisten entre las comunidades afectadas.
Por otro lado, Leopoldo López, integrante del Comité Impulsor del Proyecto Carrizal, resalta que este no debe ser visto únicamente como un proyecto hidroeléctrico; también incluye componentes cruciales como sistemas de riego y medidas para preservar el río Pilcomayo. Según López, Carrizal tiene el potencial para convertirse en una obra emblemática para Bolivia al asegurar un flujo regulado del agua durante todo el año mediante un embalse significativo.
La situación actual refleja no solo un conflicto local sino también una preocupación regional entre los pueblos originarios acerca del futuro del río Pilcomayo y sus recursos vitales. Las voces disonantes continúan exigiendo transparencia e información clara mientras se debate uno de los proyectos más ambiciosos en términos energéticos en Bolivia.
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