Propuesta busca fortalecer la Ley 348 y castigar el uso indebido de denuncias en violencia contra la mujer

El diputado Rodrigo Fuenzalida Cardona, representante por Tarija, ha dado un paso significativo al presentar un proyecto de ley que busca abordar el fenómeno de las denuncias falsas en el contexto de la violencia de género. Esta iniciativa contempla penas de prisión que oscilan entre dos y seis años para aquellas personas que formulen acusaciones infundadas, lo que reabre el debate sobre la Ley 348, conocida como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

Fuenzalida ha explicado que el propósito fundamental de esta propuesta es fortalecer la seguridad jurídica en el país. Con ello, se busca establecer mecanismos claros y efectivos para sancionar el uso indebido de la ley, especialmente en casos donde se pueda demostrar que una denuncia fue presentada sin fundamento y causó daños significativos a personas inocentes. Entre los perjuicios mencionados se encuentran los impactos personales, familiares, laborales y judiciales que estas acusaciones pueden generar.

El legislador ha enfatizado que su intención no es debilitar ni eliminar las garantías de protección existentes para las mujeres víctimas de violencia. Por el contrario, su objetivo es prevenir que la ley sea utilizada para fines distintos a los que originalmente fue concebida, como en situaciones relacionadas con procesos de divorcio o disputas económicas y familiares. En este sentido, Fuenzalida ha señalado que existen antecedentes donde se han presentado denuncias falsas con estos fines.

El proyecto propone modificaciones específicas al artículo 100 de la Ley 348, que actualmente permite a quienes han sido falsamente denunciados iniciar acciones legales basadas en resoluciones fiscales o sentencias absolutorias. La iniciativa busca incorporar sanciones penales más severas para aquellos casos en los que se compruebe la falsedad de las denuncias y también plantea responsabilidades para otros actores involucrados en procesos irregulares, como abogados, jueces o funcionarios públicos que pudieran contribuir a vulnerar el debido proceso.

Además, Fuenzalida ha manifestado su preocupación por cómo se aplican actualmente las medidas restrictivas basadas únicamente en denuncias iniciales. Considera que esto afecta el principio fundamental de presunción de inocencia y aboga por exigir mayores elementos probatorios antes de adoptar medidas cautelares.

Con esta iniciativa, el diputado no solo busca garantizar que las denuncias falsas enfrenten consecuencias penales efectivas, sino también abrir un debate nacional sobre la Ley 348. Esta norma fue creada con el objetivo primordial de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, pero ahora se plantea la necesidad de introducir ajustes que fortalezcan tanto la protección de las víctimas como las garantías del debido proceso.

El proyecto fue presentado oficialmente el pasado 28 de mayo y ahora está destinado a ser analizado por las comisiones correspondientes del parlamento. Tras este análisis, Fuenzalida tiene previsto iniciar un proceso de socialización para dar a conocer más sobre su propuesta y recoger opiniones al respecto.