Proceso judicial contra comunarios de Tariquía podría extenderse por más de dos años

El conflicto judicial en torno a los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se mantiene activo, tras la decisión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de presentar un recurso de apelación restringida. Esta acción busca revertir la sentencia absolutoria dictada el 9 de mayo por el Tribunal de Sentencia de Entre Ríos, que exoneró a doce comunarios acusados de oponerse a las actividades hidrocarburíferas en esta zona protegida.

El abogado Roger Ibarra, quien representa a ocho de los comunarios absueltos, confirmó que YPFB presentó su apelación en el último día permitido por la normativa legal. El martes vencía el plazo para que YPFB pudiera presentar la apelación restringida contra la sentencia absolutoria. La estatal presentó este recurso a última hora y hoy ya hemos sido notificados oficialmente, explicó Ibarra.

Este proceso judicial ha sido largo y complejo, derivado de las movilizaciones y acciones de resistencia que llevaron a cabo los defensores en contra de los proyectos de exploración petrolera en la reserva. Tras la notificación formal del recurso, se abre una nueva fase en el juicio. A partir de este miércoles, comienza a contar un plazo de diez días para que la defensa responda a la apelación interpuesta por YPFB.

Una vez presentada esta respuesta, el Tribunal de Sentencia tiene un plazo de 24 horas para remitir todos los antecedentes del caso a una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Esta instancia será responsable de revisar tanto la sentencia absolutoria como los argumentos planteados por YPFB en su apelación.

Ibarra se mostró confiado en que su defensa se mantendrá firme en los fundamentos expuestos durante el juicio oral y espera que la Sala Penal actúe con imparcialidad para confirmar la absolución. Sin embargo, también cuestionó la solidez jurídica del recurso presentado por YPFB. Según él, los argumentos expuestos por la estatal no logran proporcionar claridad suficiente para justificar una revocatoria del fallo. La apelación menciona diversas actuaciones procesales realizadas durante el juicio, como inspecciones en la reserva o documentación relacionada con una pausa ambiental promovida por la Defensoría del Pueblo. No obstante, Ibarra considera que YPFB no identifica claramente los errores jurídicos ni las pruebas mal valoradas por el tribunal.

Aunque ya se ha iniciado el proceso de apelación, Ibarra advirtió que aún está lejos una resolución definitiva del caso. El plazo para presentar la respuesta por parte de la defensa concluirá el 24 de junio. Posteriormente, los antecedentes serán enviados a la Sala Penal correspondiente para su revisión. Sin embargo, debido a la carga procesal actual del sistema judicial boliviano, se estima que este proceso podría extenderse durante un período considerablemente largo. Por la mora judicial y la carga laboral existente en las salas penales, podríamos estar hablando de aproximadamente dos años o incluso más antes de conocer si se confirmará la sentencia absolutoria o si eventualmente se ordenará un nuevo juicio, concluyó Ibarra.