En una extensa sesión que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción est
En una extensa sesión que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción este domingo a las 05:52. El presidente de la Cámara, Roberto Castro Salazar, comunicó que, tras la aprobación en detalle y en grande, la ley queda oficialmente sancionada y se remite al Ejecutivo para su promulgación conforme a lo estipulado por la Constitución.
La nueva normativa, compuesta por 27 artículos junto con una disposición abrogatoria y derogatoria, fue respaldada por más de dos tercios de los votos en ambas cámaras del parlamento. Esta aprobación llega en un contexto de bloqueos y protestas que han afectado diversas regiones del país durante más de un mes, lo que ha llevado a la necesidad de establecer un marco legal que regule los estados de excepción.
El abogado constitucionalista Gustavo Mendoza explicó el proceso que sigue a esta sanción. Una vez que el texto legislativo es enviado al Ejecutivo, el presidente tiene la responsabilidad de promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial. A partir de su publicación, la ley entra en vigencia y puede ser aplicada.
Mendoza también abordó el tema crucial de la declaratoria del estado de excepción. El presidente puede optar por implementar esta medida mediante un decreto supremo, que requiere el consenso del Consejo de Ministros. Este decreto debe especificar los alcances del estado de excepción, incluyendo su duración máxima de 90 días y las medidas necesarias para garantizar el orden público y la seguridad nacional.
La limitación de derechos es otro aspecto central que debe ser abordado en el decreto. De acuerdo con Mendoza, es fundamental que se especifiquen qué derechos se verán restringidos —tales como la libertad de tránsito o reunión— así como los periodos y lugares donde estas limitaciones serán aplicables. La ley establece un marco claro para asegurar que estas restricciones sean proporcionales a las circunstancias excepcionales que se presenten.
Además, el abogado hizo hincapié en la importancia de coordinar con las instituciones pertinentes como la Policía y las Fuerzas Armadas para asegurar una implementación efectiva y respetuosa con los derechos fundamentales. Esta coordinación es vital para garantizar que las medidas adoptadas sean técnicas, proporcionales y respeten el bienestar de la población.
Los principios clave establecidos por esta nueva ley incluyen la proporcionalidad en las medidas adoptadas frente al riesgo real para el orden público; la subsidiariedad, que prioriza el diálogo antes de aplicar restricciones; una duración limitada del estado de excepción; y un enfoque en la transparencia y control constitucional.
Con esta legislación, Bolivia busca establecer un marco legal claro para declarar estados de excepción, equilibrando así las necesidades de seguridad nacional con el respeto a los derechos ciudadanos. Mendoza concluyó enfatizando que “emergencia sí, exceso no”, subrayando que esta ley define límites claros destinados a proteger a la ciudadanía sin comprometer sus derechos fundamentales.
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