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En un trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad boliviana, un niño de 12 años perdió la vida debido a la falta de atención médica urgente, un desenlace que se atribuye a los bloqueos de carreteras que han tenido lugar en el país en las últimas semanas. Este lamentable incidente, reportado por el Ministerio de Salud, eleva a cuatro el número de fallecidos relacionados con estas circunstancias.
El ministerio emitió un comunicado en el que expresa su profundo pesar por la muerte del menor, quien fue trasladado desde un hospital en Llallagua, una localidad situada en el norte del departamento andino de Potosí, hacia la capital del mismo nombre. El niño había llegado al centro médico con un diagnóstico crítico: trauma abdominal grave, que requería intervención quirúrgica inmediata y cuidados intensivos postoperatorios.
Sin embargo, los bloqueos impuestos por sindicatos de campesinos aimaras desde hace 16 días impidieron que la ambulancia pudiera llegar a su destino. Ante la imposibilidad de acceder a La Paz, el vehículo tuvo que desviarse hacia Oruro, donde lamentablemente el niño falleció durante el trayecto. Este hecho ha generado un clamor por parte del Ministerio de Salud, que no solo ha ofrecido sus condolencias a la familia del menor, sino que también ha instado a los manifestantes a permitir el paso de ambulancias y ha solicitado la creación de corredores humanitarios para garantizar el acceso a atención médica oportuna.
La situación en Bolivia se ha vuelto crítica, especialmente en La Paz y en El Alto, donde los bloqueos han comenzado a causar escasez de alimentos, combustible e insumos médicos esenciales como oxígeno medicinal. Las protestas han sido impulsadas por una combinación de sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales, quienes demandan la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz.
A medida que los bloqueos se han extendido a otras regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, las repercusiones económicas han sido significativas. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha reportado pérdidas superiores a 600 millones de dólares debido a estos conflictos sociales, lo que ha llevado incluso a reprogramar eventos culturales y deportivos programados para las próximas semanas.
En medio de este panorama sombrío, diversas entidades como el Gobierno, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica han reiterado su llamado a los manifestantes para permitir corredores humanitarios que faciliten el paso no solo de ambulancias sino también de alimentos y suministros médicos vitales. La urgencia por restablecer la normalidad y garantizar la vida es ahora más evidente que nunca en Bolivia.
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