La diputada Lissa Claros, representante de Alianza Libre, ha salido al paso de las críticas que han surgido en torno a la reciente ley que regula los
La diputada Lissa Claros, representante de Alianza Libre, ha salido al paso de las críticas que han surgido en torno a la reciente ley que regula los estados de excepción en el país. En su defensa, Claros subrayó que esta normativa no concede carta blanca a las Fuerzas Armadas ni a la Policía, como han argumentado ciertos sectores de la oposición.
En una declaración pública, la legisladora explicó que esta ley fue impulsada por el Órgano Ejecutivo con el propósito de establecer un marco claro para la aplicación de los estados de excepción previstos en la Constitución Política del Estado. Además, enfatizó que su objetivo es implementar mecanismos efectivos de control y fiscalización que garanticen el respeto a los derechos humanos.
Claros destacó que esta legislación está diseñada para ser utilizada por cualquier gobierno que enfrente situaciones críticas y necesite recurrir a las herramientas constitucionales para restaurar la paz en el país. Esta es una ley que reglamenta un estado de excepción, no para este gobierno; es para cualquier gobierno que pueda ingresar y que tenga la necesidad de aplicar los instrumentos constitucionales para poder pacificar el país, afirmó con firmeza.
La diputada también se refirió a las tensiones sociales recientes, señalando que el contexto en el cual se aprobó la ley estuvo marcado por más de un mes de conflictos y bloqueos en diversas regiones, lo que ha generado tanto víctimas fatales como un impacto económico considerable.
Ante las preocupaciones sobre un posible uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades, Claros aclaró que el artículo 23 de la nueva normativa aborda precisamente esta inquietud al establecer una presunción de legalidad en las acciones de las fuerzas del orden. Si existirían irregularidades, claramente está que el Ministerio Público va a realizar una investigación para poder exigir responsabilidades si es que se violaran derechos, indicó.
La diputada resaltó además que la ley incluye controles específicos y otorga un papel central al Ministerio Público en la supervisión y dirección de las investigaciones durante un estado de excepción. Subrayó que la promulgación de esta norma no implica automáticamente la declaración de un estado de excepción, ya que tal decisión recae exclusivamente en el presidente del Estado. “La promulgación de esta ley no establece que tácitamente tenga que declararse un estado de excepción. El Gobierno puede promulgar la norma y no necesariamente aplicar esta medida”, explicó.
En cuanto a los procedimientos posteriores a la declaración del estado excepcional, Claros recordó que cualquier decreto emitido debe ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración dentro del plazo estipulado de 72 horas. La legisladora afirmó con confianza que la Asamblea ya ha cumplido con su deber al aprobar esta normativa y ahora corresponde al Ejecutivo decidir si promulga la ley y si considera necesario activar un estado de excepción.
Nosotros como Asamblea Legislativa le hemos dado al país una respuesta. Ahora es decisión del Ejecutivo, concluyó Lissa Claros, enfatizando así el papel fundamental del órgano legislativo en este proceso.
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