Las protestas y las acciones de presión llevadas a cabo por los sectores sociales de las provincias Arce y O’Connor no lograron el impacto esperado en
Las protestas y las acciones de presión llevadas a cabo por los sectores sociales de las provincias Arce y O’Connor no lograron el impacto esperado en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), donde se buscaba la aprobación de la Ley del 45%. Este martes, los movilizados decidieron suspender la huelga de hambre que habían iniciado la semana pasada, dejando en el aire el futuro de esta normativa, que ahora dependerá de las nuevas autoridades legislativas que asumirán sus funciones tras el cambio de mando.
El conflicto, que había escalado en intensidad con protestas y un ambiente de tensión palpable en el seno de la ALDT, concluyó sin que se lograra avanzar en la aprobación de una ley que tenía como objetivo redistribuir regalías a las provincias productoras. Andrés Torres, asambleísta departamental por Bermejo, confirmó el levantamiento de la huelga tras recibir información sobre la imposibilidad del tratamiento legislativo en esta gestión.
Torres mencionó que existían observaciones al proyecto que consideraban subsanables, pero se les comunicó que no habría más sesiones antes del cierre del periodo legislativo. En este sentido, el asambleísta criticó directamente al presidente de la ALDT, Damián Castillo, a quien responsabiliza por no convocar a una sesión extraordinaria para incluir la discusión sobre la Ley del 45% en el orden del día. Según Torres, uno de los argumentos presentados por la directiva fue evitar la aprobación de “leyes de contrabando” en esta etapa final de gestión, además de señalar observaciones legales relacionadas con procesos aún no finalizados. Sin embargo, Torres sostiene que existía un margen suficiente para tratar la ley al menos hasta el jueves de esa semana y atribuye su paralización a una falta de voluntad política.
La demanda por la Ley del 45% tiene raíces profundas y no es nueva. Los movilizados han señalado que este reclamo se ha arrastrado desde la anterior gestión legislativa. En ese entonces, se decidió postergar su tratamiento hasta después de las elecciones subnacionales con el fin de evitar su politización. Sin embargo, tras los comicios recientes, la situación no ha cambiado significativamente. “Se terminó coartando la posibilidad de hacer justicia con las regiones productoras”, lamentó Torres al recordar cómo localidades como Entre Ríos, Padcaya y Bermejo han sostenido esta demanda sin descanso.
Con el cierre inminente de la actual legislatura, el proyecto deberá ser retomado desde cero por la nueva Asamblea Legislativa Departamental. Torres advierte que a pesar del revés sufrido en esta ocasión, su lucha continuará con renovado ímpetu en busca de justicia para las provincias productoras afectadas por esta situación.



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