Exdirigente campesino denuncia que Ley 1720 permitiría la venta de 33 mil hectáreas en beneficio de intereses económicos

Luis Alfaro, exdirigente campesino, ha expresado su enérgico rechazo a la Ley 1720, argumentando que esta legislación favorece a grandes sectores agropecuarios a expensas de las comunidades más vulnerables. Según sus declaraciones, la ley permitiría la disposición de aproximadamente 33 mil hectáreas de tierras, una situación que él considera responde a intereses económicos que están ligados a alianzas productivas, incluso con regiones del Brasil.

Alfaro sostiene que este enfoque podría dar lugar a lo que ha denominado un “negocio del siglo”, donde las tierras serían adquiridas a precios irrisorios para luego ser revendidas a un costo mucho más elevado. Este proceso, advierte, no solo ignora los intereses económicos de las comunidades locales, sino que también pone en peligro la seguridad alimentaria del país. “El patrimonio de las comunidades no tiene precio”, subrayó Alfaro, quien defiende la importancia de las pequeñas parcelas de tierra que garantizan la alimentación de las familias bolivianas. En contraste, critica a aquellos sectores que parecen desinteresados en el bienestar alimentario de Bolivia.

En respuesta a esta situación, Alfaro anunció que se llevará a cabo una reunión entre diversos sectores campesinos a nivel nacional con el objetivo de adoptar una postura unificada frente a la Ley 1720. Esta movilización busca generar un frente común para exigir la abrogación de la normativa, ya que consideran que pone en peligro tanto la vida comunitaria como los derechos sobre la tierra heredada por generaciones.

El exdirigente también descalificó el pronunciamiento reciente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, reiterando su postura crítica hacia una ley que, según él, no solo afecta el patrimonio agrario sino también el tejido social y cultural de las comunidades campesinas. La creciente preocupación por el impacto potencial de esta legislación ha comenzado a agitar el panorama agropecuario y social del país, lo cual podría desencadenar un debate más amplio sobre el futuro de la propiedad y gestión agraria en Bolivia.