El Gobierno de Bolivia ha respondido a las demandas planteadas por la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de un contexto de creciente tensión soc
El Gobierno de Bolivia ha respondido a las demandas planteadas por la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de un contexto de creciente tensión social. En un encuentro reciente, el Ejecutivo se comprometió a garantizar la transparencia en la negociación de créditos y reafirmó su postura en contra de cualquier intento de privatización. Asimismo, hizo hincapié en que no apoyará ninguna legislación que busque criminalizar la protesta pacífica, un aspecto que ha sido objeto de preocupación entre diversos sectores.
La COB tiene previsto analizar esta propuesta en un ampliado que se llevará a cabo próximamente, y será en este encuentro donde se decidirá si se inicia el diálogo formal entre ambas partes. Esta respuesta del Gobierno llega en un momento crítico, ya que el país ha estado inmerso en protestas durante 48 días consecutivos, impulsadas por la COB, organizaciones campesinas y simpatizantes del ex presidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz.
En el documento presentado por la COB al Gobierno se destaca un punto clave: la exigencia de que se garantice que no habrá privatización ni concesiones encubiertas de empresas públicas estratégicas a intereses privados, ya sean nacionales o extranjeros. Además, solicitan que se detengan las gestiones para obtener financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). En respuesta, el Gobierno reiteró su compromiso de no permitir la privatización ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados, asegurando que cualquier negociación con organismos internacionales será transparente y alineada con los intereses del pueblo boliviano.
En cuanto a la distribución de recursos públicos, el Ejecutivo anunció su intención de crear una mesa técnica dedicada al pacto fiscal y la distribución equitativa de recursos bajo los principios establecidos por la Constitución y el régimen autonómico. También se comprometió a apoyar una investigación legislativa sobre el caso conocido como ‘narcomaderas’, relacionado con droga incautada en Chile.
El Gobierno subrayó su compromiso con el diálogo y enfatizó que no permitirá ninguna norma que limite injustamente el derecho a la protesta pacífica. Aun así, destacó su responsabilidad de garantizar servicios esenciales como el abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como la seguridad pública durante las manifestaciones.
En sus declaraciones finales, el Gobierno instó a construir una paz social basada en el diálogo responsable y en el respeto a las demandas legítimas. Reiteró que está dispuesto a establecer mesas de trabajo temáticas con plazos definidos y mecanismos verificables para abordar las inquietudes planteadas por los sectores sociales. La administración actual dejó claro su rechazo a la violencia y los bloqueos de servicios esenciales, reafirmando su compromiso con un enfoque constructivo hacia las resoluciones sociales.
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