La situación en el trópico de Cochabamba ha vuelto a intensificarse, tras el anuncio de la Federación Chimoré sobre una vigilia y la intención de toma
La situación en el trópico de Cochabamba ha vuelto a intensificarse, tras el anuncio de la Federación Chimoré sobre una vigilia y la intención de tomar cuarteles militares y unidades policiales en la región. Esta medida es una respuesta directa a la reciente promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que ha generado un fuerte rechazo entre los dirigentes cocaleros.
Durante una reunión celebrada por representantes de diversas organizaciones cocaleras, se manifestaron preocupaciones sobre el impacto que esta nueva normativa podría tener en los derechos de los ciudadanos y en la capacidad del Estado para intervenir en situaciones de conflicto social. Los líderes locales argumentan que la ley, impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, podría ser utilizada como un mecanismo para restringir libertades y aumentar la represión ante las manifestaciones populares.
En un video que circula por redes sociales y medios locales, un representante de la Federación Chimoré anunció que las 15 centrales de su organización, junto con los habitantes del área, han decidido entrar en un estado permanente de vigilia y movilización. Se ha determinado entrar en vigilia y tomar las instituciones militares que tenemos acá en el municipio de Chimoré, como cuarteles y otras dependencias. Esta ley es una amenaza para el pueblo movilizado y para las organizaciones sociales”, expresó.
El dirigente también hizo hincapié en la inquietud existente entre las bases respecto a cómo se aplicará esta normativa. Aseguró que cualquier acción del Gobierno o fuerzas del orden frente a los puntos de bloqueo será respondida por la población del trópico. A pesar del tono combativo de sus declaraciones, destacó que las acciones previstas se llevarán a cabo de manera pacífica, enfatizando el respeto hacia las instituciones estatales, aunque subrayó que esta ley ya no da garantías y genera desconfianza en el pueblo.
Este anuncio se produce apenas horas después de que el presidente Paz promulgara la Ley de Regulación de Estados de Excepción, diseñada para establecer un marco legal sobre cómo deben actuar las Fuerzas Armadas y la Policía ante situaciones críticas que amenacen el orden constitucional o la seguridad ciudadana. La promulgación llega en un contexto marcado por una prolongada crisis social caracterizada por bloqueos en carreteras liderados por sectores sindicales y campesinos que han exigido la renuncia del mandatario. Estas movilizaciones han desencadenado problemas significativos de desabastecimiento en varias regiones del país y han resultado en al menos diez muertes, según informes oficiales.
Los líderes cocaleros temen que esta nueva legislación sirva como justificación para aumentar los controles y desbloqueos en las carreteras, lo cual ha llevado a la Federación Chimoré a anunciar medidas contundentes para presionar al Gobierno. Hasta este momento, no se ha recibido ninguna respuesta oficial por parte del Ejecutivo ante estas declaraciones provocadoras. La advertencia sobre una posible ocupación de instalaciones militares y policiales añade otro nivel de tensión a un conflicto social ya complicado que enfrenta Bolivia.
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