El sector salud en Tarija ha decidido declararse en estado de emergencia tras una alarmante serie de despidos que contradicen la creciente demanda de
El sector salud en Tarija ha decidido declararse en estado de emergencia tras una alarmante serie de despidos que contradicen la creciente demanda de personal en el ámbito sanitario. A pesar de que los hospitales, centros de salud y puestos sanitarios del departamento enfrentan una grave escasez de recursos humanos que supera los 3.000 ítems, las últimas semanas han visto la desvinculación de más de un centenar de trabajadores vinculados a programas nacionales. Esta situación ha suscitado un fuerte cuestionamiento hacia el Gobierno nacional, al que acusan de priorizar criterios políticos sobre las necesidades reales del sistema público de salud.
La falta de personal no es un problema nuevo; estudios técnicos realizados durante la gestión anterior del Servicio Departamental de Salud (Sedes), bajo la dirección de Nils Casson, ya habían advertido la necesidad urgente de al menos 1.141 nuevos ítems para el primer nivel de atención y más de 2.000 profesionales adicionales para los hospitales de segundo y tercer nivel. Esta brecha se ha visto exacerbada por el crecimiento demográfico, la expansión en la cobertura sanitaria y el aumento en la demanda por servicios médicos, lo que ha llevado a una situación insostenible.
El Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), el principal centro médico del departamento, es un claro reflejo del problema. La saturación de pacientes y el deterioro progresivo de su infraestructura han llevado a las autoridades a plantear un plan para recuperar y reforzar los servicios, en un intento por atender las crecientes necesidades.
Justino Jurado, representante del Sindicato de Trabajadores en Salud de Tarija, ha sido uno de los voceros más activos en esta crisis. Denunció que los despidos afectan a personal esencial que trabaja en programas financiados por el nivel central, tales como Mi Salud, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y el Bono Juana Azurduy. Según Jurado, estas desvinculaciones no solo impactan negativamente en los trabajadores despedidos, sino que también repercuten directamente en la atención que reciben los ciudadanos dependientes de estos servicios.
El dirigente también puso énfasis en lo que considera una estrategia engañosa por parte del Gobierno: Están renovando esos ítems con otras personas y haciendo creer que son ítems de nueva creación. Eso es una mentira, afirmó contundente, sugiriendo que nuevos empleados con vínculos políticos están ocupando los espacios dejados por quienes fueron despedidos.
La situación se complica aún más cuando se considera que las denuncias surgen en un contexto donde el sistema sanitario ha estado reclamando desde hace años una mayor asignación de ítems por parte del Tesoro General de la Nación. Aunque este año se anunció la distribución nacional de 2.400 nuevos ítems, aún no hay claridad sobre cuántos estarán destinados específicamente a Tarija ni cuándo se implementarán.
Adicionalmente, las limitaciones económicas enfrentadas por la Gobernación y los gobiernos municipales han exacerbado la crisis. Durante años, estas instituciones han tenido que financiar contratos con recursos propios para cubrir vacíos dejados por el nivel central; sin embargo, la caída en ingresos por regalías y transferencias ha reducido su capacidad para sostener personal eventual.
Desde dentro del sector salud se hace un llamado a incluir la discusión sobre estos despidos en las mesas de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales y laborales. Jurado lamentó que la atención al déficit profesional esté siendo eclipsada por movimientos laborales motivados por intereses políticos: Hoy por hoy no hay ningún ítem por crecimiento vegetativo del departamento ni por gestión de este gobierno, declaró.
En medio del estado de emergencia declarado por los trabajadores del sector salud, existe una creciente expectativa respecto a que las autoridades nacionales respondan a estas preocupaciones y establezcan políticas efectivas para fortalecer el sistema sanitario. La comunidad espera que se prioricen las necesidades históricas antes que cualquier interés político particular.
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