La Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado (Cosaalt) enfrenta un persistente llamado a la convocatoria de una asamblea de socios, una solicit
La Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado (Cosaalt) enfrenta un persistente llamado a la convocatoria de una asamblea de socios, una solicitud que, según se ha destacado, se ha reiterado en múltiples ocasiones desde el pasado mes de mayo. Cuatro comunicaciones formales han sido dirigidas al Consejo de Administración, instando a la realización de esta reunión crucial.
El proceso de solicitud comenzó el 5 de mayo con la primera nota, seguida por una reiteración el 30 de mayo. El 9 de junio se envió una solicitud de respuesta, y una cuarta nota, nuevamente reiterando la petición, fue despachada el 23 de junio. La dilación en la convocatoria de esta asamblea se considera excesiva, especialmente porque es fundamental para resolver asuntos relacionados con la gestión del año 2023.
Se anticipa que, si el Consejo de Administración no convoca la asamblea o declara su imposibilidad de hacerlo, el Consejo de Vigilancia asumirá la responsabilidad de organizarla. Es imperativo que el Consejo de Administración presente su informe de gestión anual, una obligación que para el ejercicio 2023 debió haberse cumplido a más tardar en diciembre de ese mismo año.
Se han identificado desafíos internos en la gobernanza de la cooperativa, particularmente tras una intervención de Afcoop que, al apoyar a una consejera específica, habría generado una situación de doble liderazgo. Actualmente, el Consejo de Administración está liderado por Christian Flores, a quien se han enviado las solicitudes de asamblea. Es esencial que ambos consejos presenten un informe detallado sobre el estado financiero de la cooperativa.
Desde el Consejo de Vigilancia, se propone abordar en la asamblea las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, así como la necesidad de modificar el estatuto orgánico, el cual se percibe con significativas deficiencias que deben ser subsanadas. Asimismo, se ha señalado la preocupación por la situación de consejeros que, al trabajar en instituciones públicas, dedican tiempo insuficiente a la cooperativa, limitándose a asistir a las sesiones, una práctica permitida por el estatuto, pero que, según se argumenta, genera diversos problemas operativos.
En un ámbito distinto, se ha formalizado una denuncia contra la consejera de administración Fabiola Ríos. El 12 de junio, se formuló una acusación formal tanto contra el exgerente José Luis Patiño como contra la mencionada consejera. Actualmente, se está revisando la documentación pertinente con el fin de ampliar estas denuncias e incluir a otros individuos, sean funcionarios o exfuncionarios, que pudieran haber incurrido en incumplimiento de sus deberes.
La Fiscalía ha solicitado una sentencia condenatoria contra los acusados por el delito de conducta antieconómica, buscando así la posterior reparación de daños en favor de la cooperativa. Se ha confirmado que existen cinco procesos legales en curso. Uno de ellos se refiere a una multa impuesta a la cooperativa por aproximadamente 2.700.000 bolivianos. Otro caso concierne el desembolso de alrededor de 620.000 bolivianos por estudios que, hasta la fecha, no han sido aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente ni ejecutados, lo que ha provocado un perjuicio económico a la cooperativa. La multa impuesta por la gobernación se originó por la omisión en la presentación de informes de monitoreo ambiental. Se ha indicado que la consejera Ríos y el exgerente actuaron tardíamente, contratando a un abogado externo por unos 29.000 bolivianos, quien, debido al retraso, no pudo realizar gestiones efectivas. Para asegurar la reparación de los daños a la cooperativa, se están llevando a cabo gestiones legales para solicitar la anotación preventiva de bienes de los acusados. La necesidad de establecer un orden claro en la cooperativa, dada la multiplicidad de irregularidades, es una prioridad.
En cuanto a las auditorías, se ha lamentado que, a pesar de las reiteradas solicitudes dirigidas a Fabiola Ríos durante su presidencia del Consejo de Administración para que se tomaran acciones sobre seis casos con responsabilidades civiles y administrativas, no se han adoptado medidas en el ámbito civil por parte del Consejo de Administración. Ante esta inacción, el Consejo de Vigilancia ha procedido a interponer acciones ante el Ministerio Público en los distintos casos. Se ha aclarado que estas acciones no responden a motivos personales, sino al compromiso de los consejeros de salvaguardar los intereses de la cooperativa, a pesar de que algunas percepciones sugieran lo contrario. Además, se ha revelado que en años anteriores, memorandos emitidos a funcionarios por ausencias fueron dejados sin efecto mediante negociaciones entre el gerente y la presidenta del Consejo de Administración de aquel entonces
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