La zafra azucarera en Bermejo, Tarija, se ha consolidado como una actividad económica esencial, atrayendo cada año a un gran número de trabajadores te
La zafra azucarera en Bermejo, Tarija, se ha consolidado como una actividad económica esencial, atrayendo cada año a un gran número de trabajadores temporales y sus familias. Sin embargo, detrás de las cifras de producción y el crecimiento económico de la región, se oculta una realidad alarmante que ha perdurado a lo largo de los años: las condiciones de vida y trabajo de los zafreros son extremadamente precarias.
Cecilia Bolívar, Delegada de la Defensoría del Pueblo en Tarija, llevó a cabo una inspección en tres de los más de 100 campamentos zafreros en Bermejo. Su visita reveló que, a pesar de los informes realizados desde 2016, la situación ha permanecido estancada, mostrando un continuo ciclo de precariedad y violación de derechos humanos fundamentales.
Uno de los hallazgos más impactantes fue la falta de alojamientos adecuados para los trabajadores y sus familias. En algunas ocasiones, los zafreros se ven obligados a dormir en viejas carrocerías de camiones, expuestos a condiciones climáticas adversas y sin el mínimo confort necesario. Las infraestructuras existentes son, en su mayoría, antiguas y en mal estado, con algunas construcciones de ladrillo y otras de madera, pero en ninguno de los casos se dispone de colchones apropiados ni cobijas suficientes para el frío característico de la zona. Esta situación no solo compromete su salud física, sino que también afecta su rendimiento laboral y bienestar emocional.
Otro de los problemas más graves es la falta de acceso a servicios básicos, como agua potable y saneamiento. De los cuatro campamentos inspeccionados, solo tres contaban con suministro de agua potable, aunque la calidad del agua seguía siendo deficiente. La ausencia de baños obliga a los trabajadores y sus familias a recurrir al campo abierto para sus necesidades, lo que representa un grave riesgo para la salud pública. Además, la falta de duchas impide mantener una higiene personal adecuada tras largas jornadas de trabajo.
En uno de los campamentos, la situación se torna aún más alarmante, ya que los trabajadores deben recurrir a una quebrada cercana para obtener agua, sin ningún tipo de tratamiento previo. Esto los expone a un alto riesgo de enfermedades gastrointestinales y otras complicaciones de salud.
La situación de los menores de edad es igualmente preocupante. La Defensoría del Pueblo constató que muchos niños y adolescentes que se encuentran en los campamentos no están asistiendo a la escuela, a pesar de que existen unidades educativas cercanas. En algunos casos, se identificó la presencia de varios niños pequeños que no habían podido ser admitidos en las escuelas locales o que no habían realizado los trámites necesarios para continuar su educación. Esta falta de acceso a la educación no solo vulnera un derecho fundamental, sino que perpetúa un ciclo de pobreza y marginación.
Además, la visita de la Defensoría puso de relieve la presencia de mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad. Estas mujeres enfrentan una falta alarmante de atención médica y carecen de las condiciones mínimas para un embarazo saludable. La escasez de agua potable, servicios sanitarios y una alimentación adecuada pone en riesgo tanto su salud como la de sus bebés, y la ausencia de atención médica cercana complica aún más su situación.
La alimentación en los campamentos también es un tema crítico. Las familias suelen cocinar en ollas comunes, con recursos limitados y en condiciones insalubres. En muchas ocasiones, la comida no es suficiente para alimentar adecuadamente a todos los miembros, lo que genera situaciones de desnutrición, especialmente entre niños y mujeres embarazadas. Esta falta de una alimentación balanceada no solo afecta la salud de los trabajadores, sino que también repercute en su capacidad laboral, creando un ciclo vicioso de pobreza.
Lo más preocupante es que esta situación ha persistido a lo largo del tiempo, sin cambios significativos desde los informes de 2016. Esto sugiere una falla sistémica en la protección de los derechos de los trabajadores zafreros y una falta de acción política para abordar el problema de manera integral. La magnitud del problema se hace aún más evidente al considerar que los campamentos visitados representan solo una pequeña parte del total, con más de 100 campamentos en la región, muchos de los cuales podrían estar en condiciones aún más precarias
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