La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados se encuentra inmersa en el análisis del proyecto de ley destina
La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados se encuentra inmersa en el análisis del proyecto de ley destinado a completar la dotación de magistrados tanto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este proceso es crucial para resolver la falta de magistrados que ha llevado a un acumulado significativo de casos en el Órgano Judicial, generando preocupación y reclamos por parte de sus autoridades.
La presidenta de la comisión, Yazmín Guizada, anunció que este miércoles se realizó un cuarto intermedio en las deliberaciones sobre el Proyecto de Ley N.° 161/2025-2026, conocido como la “Ley Transitoria de Convocatoria para la Preselección de Postulantes y Elección de Candidatos a Magistrados”. En esta sesión, se abordaron los artículos del proyecto que van del 6 al 20, centrándose en los procedimientos para la preselección de candidatos a magistrados.
La secretaria técnica de la comisión, Kathia Saucedo, detalló que se discutieron las etapas para la presentación de postulaciones y los requisitos generales y específicos que deben cumplir los postulantes. Sin embargo, quedó pendiente el análisis sobre si el criterio de probidad será considerado en el sistema de puntuación durante el proceso de preselección.
La situación ha suscitado inquietud dentro del Órgano Judicial. La presidenta del TCP, Paola Prudencio, expresó su preocupación por las causas acumuladas que están siendo atendidas por solo cuatro magistrados, cuando la norma establece que deberían ser nueve. Esta carencia afecta directamente la eficiencia y efectividad del tribunal en su labor judicial. En línea con esto, Primo Martínez, magistrado del TSJ, también manifestó su preocupación por las demoras en este órgano judicial, señalando que operan con menos magistrados de los necesarios para una adecuada administración.
En un contexto más amplio, hace dos semanas representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), junto a otros miembros del Órgano Electoral, acudieron a la comisión legislativa para ofrecer detalles sobre el cronograma electoral y los plazos necesarios para llevar a cabo las elecciones judiciales complementarias. Fernando Arteaga, secretario de Cámara del TSE, aseguró que no existen impedimentos legales para realizar estas elecciones.
Es relevante recordar que una sentencia reciente del TCP declaró desierta la convocatoria a elecciones para el TSJ en varios departamentos. Esto obligará a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar una nueva convocatoria con reglas actualizadas que cumplan con los plazos establecidos por ley.
Durante estas discusiones se enfatizó la necesidad urgente de elegir a siete autoridades titulares y suplentes en cinco departamentos. Arteaga destacó que el TSE requiere un mínimo de 150 días para organizar el proceso electoral tras recibir una convocatoria formal y que la Asamblea tiene un plazo máximo de 80 días para realizar la preselección.
A pesar del deseo por acelerar esta elección, Saucedo subrayó que no se espera que el proceso electoral se lleve a cabo este año. Aunque existe una previsión optimista sobre concluir con la selección de postulantes antes de noviembre próximo, se anticipa que las elecciones podrían ser programadas para marzo del año siguiente si todo transcurre sin contratiempos legislativos. Este horizonte temporal refleja las complejidades inherentes al proceso electoral y judicial en curso.
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