La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), junto a organizaciones cívicas provinciales y representantes de la Nación Chiquit
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), junto a organizaciones cívicas provinciales y representantes de la Nación Chiquitana, exigen al Gobierno la depuración e institucionalización inmediata del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tanto a nivel nacional como en Santa Cruz. Según denuncian, funcionarios vinculados al anterior gobierno del MAS estarían protegiendo a grupos violentos de avasalladores, entre ellos los denominados interculturales, responsables de agresiones como la sufrida por el cacique de avanzada edad Ricardo Peña.
En respuesta, el Gobierno anunció la intención de reemplazar a funcionarios del INRA en Santa Cruz, aunque no estableció un plazo concreto para cumplir con esta medida. Ante esta situación, la Cidob ha fijado un ultimátum de 30 días para que se concrete la institucionalización del organismo. De no cumplirse, advierten con organizar una movilización masiva que partiría desde las tierras bajas del oriente boliviano hasta la ciudad de La Paz, en protesta por la persistencia de avasallamientos y ataques contra comunidades indígenas, a pesar del cambio de gobierno nacional.
El presidente de la Cidob, Tomás Candia, manifestó su indignación y urgió a las máximas autoridades del Ejecutivo a tomar acciones concretas, solicitando la remoción de quienes han emitido más de dos mil resoluciones para la entrega irregular de tierras en la Chiquitanía. La organización indígena, junto a comunidades chiquitanas y comités cívicos provinciales, inició una vigilia frente a las oficinas del INRA en Santa Cruz como forma de protesta ante el ataque sufrido por el cacique Peña, que refleja la problemática constante de usurpación de tierras por parte de grupos interculturales.
Las comunidades afectadas denunciaron la sistemática apropiación ilegal de sus territorios, la destrucción de viviendas, daños ambientales y una aparente protección institucional hacia estos grupos, vinculados a organizaciones afines al MAS. Carlos Alberto Urquiza, gran cacique de la Nación Chiquitana, calificó el ataque contra Peña como un intento de asesinato y solicitó la intervención urgente del Gobierno, reiterando la necesidad de designar nuevas autoridades en el INRA.
En caso de que no se produzcan cambios en el instituto hasta el 21 de febrero, la Cidob y los 34 pueblos indígenas anunciaron que bloquearán carreteras y podrían movilizarse nuevamente hacia la sede de Gobierno para exigir respeto a sus derechos territoriales y el cese de los avasallamientos.
Recientemente, una delegación conformada por representantes indígenas, cívicos y caciques chiquitanos sostuvo una reunión con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a quien informaron sobre el ataque al cacique Peña y la problemática de fondo. Tras el encuentro, Barrientos confirmó un acuerdo para proceder con el cambio de funcionarios del INRA en Santa Cruz y para iniciar un proceso de auditoría y evaluación de los títulos entregados.
Desde la asunción del nuevo Gobierno, la viceministra Barrientos lidera auditorías internas en las diez oficinas del INRA a nivel nacional y departamental, donde se han detectado irregularidades como tráfico de tierras y duplicación de títulos. Sin embargo, señaló que las investigaciones sobre denuncias de avasallamientos han avanzado poco debido a limitaciones presupuestarias.
La Nación Chiquitana abarca aproximadamente el 75% del territorio del departamento de Santa Cruz, con presencia en las provincias de San Ignacio de Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval, Ñuflo de Chávez y Germán Busch, lo que subraya la importancia de atender sus demandas para garantizar la protección de sus tierras y derechos
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