Cámara Forestal exige transparencia a Bolivia y Chile tras decomiso histórico de droga en cargamentos forestales

Pedro Colanzi, presidente de la Cámara Forestal, ha compartido importantes novedades sobre el endurecimiento de los controles en los puertos de Arica, Chile, en respuesta a una inquietante nueva modalidad de tráfico de sustancias controladas. Esta técnica consiste en la impregnación de drogas en cargamentos de madera, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las inspecciones. Colanzi informó que más de 65 contenedores están actualmente detenidos y bajo revisión, aunque la información relacionada con este caso se ha manejado con discreción debido a que está sujeta a un proceso de investigación sumarial.

El presidente de la Cámara Forestal hizo hincapié en el firme rechazo del sector a cualquier actividad ilícita, especialmente al narcotráfico. En este sentido, Colanzi expresó la necesidad urgente de que tanto las autoridades bolivianas como chilenas hagan pública la información recopilada durante la investigación. “Necesitamos más transparencia en la información para que todo el sector no entre en zozobra”, declaró. A pesar de su confianza en el compromiso del Estado chileno y boliviano para abordar esta situación, subrayó que es fundamental establecer una comunicación oficial entre ambos países para aclarar los hechos y tranquilizar al sector forestal.

La Cámara Forestal destaca la relevancia económica del sector, que genera aproximadamente 200.000 empleos y mueve alrededor de 640 millones de dólares anuales. Este contexto económico resalta aún más la importancia de mantener prácticas comerciales limpias y transparentes.

Las autoridades chilenas han informado que el reciente decomiso histórico de más de 100 toneladas de droga impregnada en maderas ha revelado que muchos de estos envíos provienen del departamento de Pando en Bolivia. Sin embargo, también se han identificado cargamentos originados en otras regiones como Santa Cruz y Cochabamba. Esta situación plantea un desafío no solo para las autoridades encargadas del control fronterizo, sino también para los actores legítimos del sector forestal que buscan operar dentro del marco legal y ético.