Aprehenden al expresidente del BCB Edwin Rojas y a dos exdirectores por daño económico de 124 millones de dólares

La Fiscalía de Distrito de La Paz llevó a cabo la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, en la tarde de este martes, en el marco de una investigación por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Junto a Rojas, fueron detenidos otros dos exdirectores del BCB, lo que pone de manifiesto un caso que involucra a altos funcionarios del anterior gobierno boliviano.

Según el fiscal Miguel Cardozo, encargado del caso, el grupo habría estado involucrado en la elaboración de un reglamento sobre operaciones durante la gestión 2024. Este reglamento permitió la realización de siete intercambios de bonos soberanos en diversas entidades bancarias, lo que generó un daño económico significativo estimado en 124 millones de dólares. Las transacciones se llevaron a cabo mediante la compra de bonos por montos superiores a los establecidos, lo que ha suscitado serias inquietudes sobre la administración y supervisión financiera durante su gestión.

Además del expresidente Rojas, las aprehensiones incluyeron al exgerente de Operaciones, Pascual O.Q.N.; al exdirector Oscar F. M.; y al exgerente de Política Económica, Rolando S.C.S. Todos ellos están vinculados al reglamento mencionado, el cual se considera un elemento clave en las acusaciones por conducta antieconómica.

Los exfuncionarios se presentaron inicialmente a declarar en horas de la mañana; sin embargo, tras las indagatorias y evaluaciones realizadas por la fiscalía, se determinó que quedaran aprehendidos. Edwin Rojas Ulo y uno de los exgerentes llegaron más tarde para prestar sus declaraciones y también fueron informados sobre su situación legal.

La fiscalía ha decidido imputar a los detenidos, quienes serán presentados ante un juez cautelar en las próximas horas. Esta acción es parte de una serie de medidas judiciales que han apuntado a altos funcionarios del gobierno anterior por presuntos actos de corrupción, reflejando un esfuerzo más amplio por parte del sistema judicial para abordar irregularidades en la administración pública.