La situación de la minería ilegal en la zona alta del departamento de Tarija ha suscitado una creciente alarma entre dirigentes mineros y autoridades
La situación de la minería ilegal en la zona alta del departamento de Tarija ha suscitado una creciente alarma entre dirigentes mineros y autoridades municipales. La explotación irregular de recursos minerales, particularmente en la provincia Méndez, se ha intensificado, generando cuestionamientos sobre la eficacia del control ejercido por las instituciones responsables de supervisar estas actividades.
Víctor Rojas, representante de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Tarija, ha manifestado su preocupación por las operaciones mineras que se llevan a cabo sin los contratos administrativos y licencias ambientales necesarios. Estas actividades se concentran especialmente en áreas cercanas a los límites con Chuquisaca, lo que agrava la situación. Rojas señaló que tras varios esfuerzos, se logró formar una comisión interinstitucional destinada a investigar estas operaciones irregulares. Como parte de este proceso, se han presentado evidencias ante la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), incluyendo videos y documentos que respaldan las denuncias.
La extracción de oro aluvial ha sido identificada en sectores como Camblaya y Paicho Candelaria. Rojas destacó que estas actividades no solo implican un aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, sino que también plantean serios riesgos ambientales. La minería en estas áreas suele realizarse en proximidad a cursos de agua, lo que genera inquietudes sobre el uso potencial de sustancias tóxicas como el mercurio durante el proceso de recuperación del mineral.
Además, el dirigente minero ha señalado irregularidades en el seguimiento a los procesos legales iniciados contra los operadores mineros. A pesar de algunos operativos donde se confiscaron máquinas pesadas, Rojas indicó que muchos de estos equipos han desaparecido sin dejar rastro ni ofrecer claridad sobre su destino. Este hecho alimenta las dudas sobre el control real que se ejerce sobre estas actividades ilegales.
Desde El Puente, la alcaldesa Sara Armella ha expresado su inquietud ante el aumento de actividades mineras en la región y ha cuestionado la distribución actual de regalías. En su declaración, Armella subrayó que el municipio solo recibe ingresos derivados de la explotación de piedra caliza, mientras que otros minerales como el oro son extraídos sin que haya un beneficio tangible para la comunidad local. “Nosotros solamente recibimos regalías por la piedra caliza. Del oro y otros minerales prácticamente no recibimos nada”, afirmó con preocupación.
La alcaldesa también recordó que el Gobierno Municipal está llevando a cabo procesos relacionados con actividades mineras que carecen de licencias ambientales o no han cumplido con los mecanismos necesarios para consultar y socializar con las comunidades afectadas. Esta falta de regulación y control no solo pone en riesgo los recursos naturales del área, sino también el bienestar y desarrollo sostenible del municipio.



COMMENTS